El ministro secretario de la Presidencia, Giorgio Jackson, en reunión con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), comprometió la definición de una agenda para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH que condenó al Estado de Chile por impedir a la docente Sandra Pavez dictar clases en nuestro país, solo por ser lesbiana.
Asimismo, comprometió llevar a cabo el Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que asumió el país ante la CIDH con el fin de reformar leyes y crear políticas públicas a favor de las personas LGBTIQA+.
Además, Jackson reiteró el compromiso del Ejecutivo con los derechos humanos LGBTIQA+ y resaltó la existencia de muchas coincidencias entre el programa de Gobierno y los compromisos u obligaciones internacionales de Chile con la diversidad sexual y de género.
“Estamos muy contentos/as pues en la reunión se acordó que desde julio fijaremos en conjunto con la Dirección de Derechos HumanoS de la Cancillería una agenda para cumplir con la sentencia de la Corte IDH, mientras en paralelo se determinará cuándo y qué mesas de trabajo generar para cumplir con aquellos aspectos del ASA que aún están pendientes. Si bien el matrimonio igualitario era uno de los compromisos del ASA, éste involucra otros muchos otros aspectos”, señaló el presidente del Movilh, Gonzalo Velásquez.
“Valoramos profundamente la empatía y sensibilidad del ministro y del director de DDHH de la Cancillería con la causa LGBTIQA+ y por dar la relevancia que merecen a los acuerdos o sentencias de la Corte IDH y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, agregó Velásquez además de anunciar que “invitamos a Jackson a la marcha del Orgullo”.
“Si bien la sentencia del Caso Pavez obliga a Chile solo a modificar el Decreto 924 del Mineduc, para impedir que las iglesias sigan discriminando a profesores LGBTIQA+, hoy solicitamos la derogación de esa norma, por ser una herramienta que pone en peligro el Estado laico y los derechos humanos. El Ministro nos explicó que, sea cual sea la modalidad (derogación o reforma) la idea será garantizar que ese Decreto nunca más pueda ser usado para discriminar”, detallaron desde el Movilh.
En torno al Caso Pavez, la Corte ordenó al Estado de Chile realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad; capacitar a quienes evalúan la idoneidad del personal docente en todo el país; modificar la legislación y otras normativas, como el Decreto 924, que permiten a las iglesias remover profesores/as de religión; e indemnizar con 35 mil dólares a Sandra, más el reintegro de costas y gastos estimados en otros 30 mil dólares.
En tanto, otras materias pendientes del ASA son la derogación del artÍculo 365 y 373 del Código Penal, la implementación de políticas focalizadas en mujeres lesbianas, bisexuales y trans, la creación de una institucionalidad anti-discriminatoria, la reforma a la Ley Zamudio y de Unión Civil y seguimientos a políticas LGBTIQA+ en Educación.
