La nueva administración del Gobierno Regional del Biobío, liderada por Sergio Giacaman, presentó este lunes las conclusiones de un diagnóstico preliminar realizado por los jefes de división en los primeros días de gestión.
A partir de lo expuesto en este informe, que muestra baja ejecución presupuestaria, obligaciones financieras pendientes y proyectos sin evaluación ni financiamiento, el presupuesto real disponible se reducirá de los $130 mil millones de pesos asignados originalmente, a poco más de $105 mil millones.
“Nos parecía urgente que estos datos los conocieran, porque, finalmente, es como recibimos la región (…) La realidad que asumimos es una realidad crítica, heredada de la administración anterior, que tiene distintas aristas”, explicó el gobernador.
Antecedentes “negativos y contundentes” que, recalcó, obligan a “actuar con sentido de urgencia”.
Entre los puntos más relevantes, el diagnóstico detalla una ejecución presupuestaria de 89,5% en 2024, considerada una de las más bajas de los últimos años, lo que dejó $11.171 millones sin utilizar; además de obligaciones financieras inmediatas de $24.401 millones, necesarias para cubrir compromisos arrastrados a enero y febrero de 2025, que incluyen subvenciones, proyectos de infraestructura y $15.200 millones destinados al pago de facturas impagas, que afectan directamente a empresas y proveedores al borde de la quiebra.
Sobre este punto, la autoridad regional profundizó en la complejidad de la situación, señalando que hablar de “empresas que quiebran por no pago del Gobierno Regional me parece grave. En el fondo, es reírse de los emprendedores que se harían cargo de soluciones para la ciudadanía”.
Giacaman también abordó la situación del Fondo de Subvenciones, señalando que más de 2.150 proyectos sociales, culturales y deportivos presentados por organizaciones y comunidades de la región quedaron sin evaluación ni financiamiento.
La baja ejecución presupuestaria, puntualizó, “no solamente es un dato numérico, son recursos que se dejaron de gastar para responder a urgencias de la región”.
En este sentido, reiteró la crítica a la administración anterior por “tener prioridades alejadas de las necesidades de las personas”. Como ejemplo, citó dos situaciones:
En primer lugar, la tardía transferencia de recursos a Sernatur, lo que impidió la rendición oportuna de los fondos destinados a actividades como el Rally Mundial, generando que dichos montos sean descontados del presupuesto 2025.
El diagnóstico también evidencia problemas específicos en la planificación de proyectos, como la compra de terrenos en la provincia de Arauco para viviendas sociales, sin contar con factibilidad técnica ni un análisis adecuado de los títulos de propiedad.
“El Gobierno Regional no cumplió las expectativas de la ciudadanía y tampoco se hizo cargo de los compromisos que tuvo”, advirtió Giacaman, añadiendo que “la administración tuvo foco en cualquier cosa, menos en las personas. Y, además, comprometía cosas sin tener temas resueltos”.
Otro tema relevado por la autoridad política tiene que ver con la situación interna del Gobierno Regional, con equipos “golpeados” producto del impacto del Caso Convenios, que mantiene a funcionarios con medidas cautelares y enfrentando juicios de cuentas de Contraloría.
Un desafío será recuperar las confianzas, manifestó, “para que esos equipos vuelven a hacer lo que tradicionalmente fue el Gobierno Regional del Biobío”.
Ante el complejo escenario expuesto, el gobernador regional destacó la necesidad de priorizar acciones para atender las demandas más urgentes. Entre ellas, informó que el jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional, Juan Pablo González, está liderando las reuniones para garantizar el pago a proveedores para evitar quiebras y proteger empleos.
Asimismo, adelantó que se revisarán los proyectos de organizaciones sociales abandonados en el proceso anterior y se contratará una auditoría externa para reforzar la transparencia y eficiencia en la gestión.
