Fotografía: Agencia Uno
A pesar de estar citado a declarar al despacho de la ministra Romy Rutherford a eso de las 9:00 horas de este jueves, el excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, finalmente no apareció. En su lugar, su defensa presentó esta mañana ante la Corte Marcial un recurso de apelación en contra de la encargada de la indagatoria por no acceder a que el general declarara en su residencia institucional, lo que suma un nuevo revés a la causa.
A todas luces, este nuevo hecho crispa aún más las relaciones entre el general y la jueza, las que ya se habían complicado, en primer lugar, tras la citación a declarar emitida por la magistrada. Ante el hecho, la máxima autoridad del Ejército pidió durante la tarde del martes cambiar la diligencia para después de la entrega del mando, que debía ocurrir el 9 de marzo próximo, pero la propuesta fue negada.
En consecuencia, Martínez no solo renunció a su cargo como general en jefe del Ejército, sino que además presentó un nuevo requerimiento: prestar declaración al interior de su propia casa. Ello fue resuelto durante la tarde de ayer por la ministra Rutherford, quien nuevamente rechazó la petición del inculpado.
Por ello, se esperaba que el ahora exoficial se presentara hoy a declarar en el despacho de la magistrada, ubicado en Morandé con Compañía, cuestión que finalmente no ocurrió. En su lugar, la defensa del inculpado, representada por Juan Carlos Manríquez, presentó ante la Corte Marcial un recurso de apelación ante la última negativa de Rutherford.
Así, el texto en cuestión, plantea: «Interpongo recurso de reposición con apelación subsidiaria contra la resolución de fecha 2 de marzo de 2022, en cuanto no dio lugar a la presencia del abogado en la diligencia de interrogatorio y no dio lugar a interrogar a mi representado en su domicilio».
A ello, se agrega que «contar con abogado impide poder medir la forma y efectos de las diferentes técnicas de interrogatorio, de respuestas y de sus consecuencias o de tener una cabal compresión de las diferentes consecuencias o sentidos en que podrían haber sido recibidas sus respuestas para -por ejemplo- terminar aceptando como ciertos algunos supuestos sugestivos de hechos que en verdad no han ocurrido o no lo han sido con esa significación”.
Cabe destacar que, anteriormente, el abogado Juan Carlos Manríquez ya había denunciado a la jueza Romy Rutherford ante el fiscal nacional, Jorge Abott, por haber compartido antecedentes del caso ante los medios de comunicación. No obstante, la situación actual es diferente, dado que la ministra cuenta con las facultades para despachar una orden de arresto a la PDI, institución que podría aprehender y trasladar al militar al tribunal a fin de cumplir con las diligencias.
Fuente: La Tercera
