El pasado jueves 8 de julio la ACES y la Coordinadora de Victimas de Trauma Ocular se tomaron la sede central del INDH en Santiago.
¿El motivo? Visibilizar una serie de situaciones que les afectan como víctimas de violencia estatal, entre ellas la «falta de diligencia y un distanciamiento de su rol de organismo a cargo de la defensa de los derechos humanos en Chile«, además del descontento por «los cambios en los criterios para visibilizar el número de víctimas«.
En Nuestra Pauta conversamos con integrantes de la directiva de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del INDH, que comenzaron un paro indefinido, precisamente, tras la toma de la sede central, hace ya 4 semanas.
Soledad Molinet, presidenta de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del INDH, junto a Johanna Guala (tesorera) y Andrea Álvarez (secretaria), explicaron los motivos que les llevaron a esta movilización.
Al comparar los informes anuales publicados por el INDH se aprecia una diferencia en el número de víctimas de trauma ocular, pasando de 460 a 173. De acuerdo a Johanna Guala, el cambio en las cifras se debe a un cambio de criterio, quedando solo la cantidad de casos que cuentan con querellas del propio organismo.
«Hemos planteado a la dirección nuestra preocupación por no informar el número total de víctimas» detalló Guala.
La presidenta de la Asociación de funcionarios y funcionarias del INDH explicó destacó que la ciudadanía y las organizaciones esperan un estándar de compromiso total del organismo con las violaciones a los derechos humanos, «para que no queden dudas de que condenamos con la fuerza que se merecen» estos crímenes.
En cuanto a la paralización, Molinet agregó que en el corto plazo, buscan «conocer hasta cuándo contarán con el apoyo de profesionales colaboradores«, que forman parte del programa de apoyo psicosocial a las víctimas.
Las y los funcionarios también buscan que se instalen instancias de auto cuidado permanente en la institución, debido al intenso trabajo que genera acompañar a las víctimas, lo que ha derivado en saturación del personal y licencias médicas.
Asimismo critican que se ha priorizado la contratación de asesores por sobre la ampliación de los equipos técnicos, asunto que incluso llevaron a la Contraloría.
A largo plazo, explican, uno de los objetivos es reformar el Instituto, comenzando por el consejo integrado actualmente por 11 personas, 6 de ellas provenientes de organismos del Estado, lo que en la práctica impide que el organismo, por ejemplo, tenga una postura o pronunciamiento en temas contingentes como el indulto a los llamados «presos políticos» de la revuelta.
Andrea Álvarez agrega que el consejo representa el peor aspecto del sistema binominal, con la derecha y la izquierda enfrentados y sin capacidad de generar acuerdos.
Escucha aquí la entrevista con la directiva de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del INDH.
