La importancia de incorporar la sustentabilidad de los territorios en el debate constitucional, fue el tema abordado junto al Dr. Cristian Echeverría, académico y director del Laboratorio de Ecología del Paisaje (Lep) de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, en el último capítulo de Foro Constituyente.
Tras el estallido social del 18 de octubre de 2019 se levantaron varias demandas ciudadanas vinculadas a medio ambiente: zonas de sacrificio, el acceso de la población al agua y la conservación de los ecosistemas, son algunas de las materias que -nuevamente- apuntaban a la desigualdad, dando cuenta de una gestión insuficiente que, a la vista de muchos, se ampara en la actual carta fundamental.
En ese contexto, Echeverría planteó que para comprender la interacción entre ciudadanía, medio ambiente y economía la clave es, precisamente, la sustentabilidad, entendida como «la capacidad de un sistema de proveer algún bien o satisfacer necesidades de generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades».
De esta manera, para el investigador, en la discusión constituyente deberían considerarse dos características fundamentales de la sustentabilidad territorial: balance dinámico entre el desarrollo humano y protección del medio ambiente, y equidad intra e intergeneracional.
Según el académico, desde la década del 80 han surgido paradigmas que buscan conciliar la interacción entre lo económico, social y ambiental. Los más actuales, en tanto, plantean -por ejemplo- que «los límites del desarrollo económico no deberían superar los límites del desarrollo social y éstos no deberían superar los límites de la estabilidad de la naturaleza».
Echeverría explicó que ese enfoque es lo que hoy se conoce como «sustentabilidad fuerte» y allí radica la importancia de que el tema se considere en la eventual nueva Constitución.
El artículo 19 de la actual Constitución, en su punto N°8, establece “el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”. Con miras al trabajo de la Convención, hay algunas voces que proponen que el Estado debe garantizar el derecho al medio ambiente y los recursos naturales, pero que también deberían establecerse deberes ciudadanos relacionados al cuidado del ecosistema.
Con respecto a ese punto, y al ser consultado sobre cuánta responsabilidad tiene la ciudadanía en aportar a la sustentabilidad territorial, el ingeniero forestal mencionó que «nuestros deberes son altísimos».
Chile cuenta con 4.300 kilómetros de territorio de norte a sur, lo que se traduce en una gran diversidad geográfica y, con ello, distintas problemáticas en cada región. Sobre la realidad local, el académico planteó que en los últimos 30 años en Biobío y Ñuble ha desaparecido cerca de un 37% del bosque nativo y se registra una disminución en la capacidad de regulación hídrica.
Por lo anterior, sostuvo que «no podemos definir aspectos transversales como si fuera un paisaje homogéneo simple y absolutamente estático el que posee el país. Es complejo y dinámico, por eso es importante que cualquier elemento de planificación territorial que se fortalezca a través de la Constitución considere una planificación integrada, multiescala, altamente participativa y con capacidad adaptativa».
Cabe señalar que actualmente el académico es parte del Comité Asesor Nacional de Restauración, instancia que trabaja en la generación de un Plan Nacional de Restauración de Paisajes, con el objetivo de recuperar un millón de hectáreas de paisajes. Echeverría agregó que «desde la UdeC estamos aportando con estudios y enfoque para que esos esfuerzos conduzcan a la recuperación de ecosistemas y garanticen la protección de los ecosistemas naturales existentes».
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