El Ministerio Público informó que tres de los grandes incendios forestales que vivió la Región del Biobío a inicios de este año fueron generados por accidentes de responsabilidad de dos empresas eléctricas.

La Fiscalía y la Policía de Investigaciones expusieron resultados de una investigación que conducen cuatro fiscalías regionales en cuatro regiones de Chile, en conjunto con Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) y el Laboratorio de Criminalística de la PDI.

En detalle, según informó la fiscal regional, Marcela Cartagena, la investigación se desarrolló en torno a tres hitos: el incendio que afectó al Fundo San José Grande, el 29 de diciembre de 2022 en Nacimiento y con más de 5 mil hectáreas quemadas; el incendio del 3 de febrero de 2023 en Nacimiento y Santa Juana, denominado Santa Ana y que dejó 17 fallecidos entre Nacimiento, Santa Juana y Coronel; y el que ocurrió en Llico y Punta Lavapié, en Arauco, donde al menos 80 familias perdieron su única vivienda.

“Se ha establecido en estas investigaciones que los principios de ejecución en estos incendios se deben a accidentes eléctricos provocados por líneas de alta tensión que no tienen la mantención adecuada” explicó Cartagena.

El prefecto Carlos Díaz, jefe regional de la PDI, complementó que, para llegar a dichas conclusiones se utilizó “evidencia escrita y también de tecnología que se encuentra en Conaf. Luego, existen trabajos en terreno de estos equipos y se llega a determinar científicamente en los laboratorios”.

A raíz de esto, este miércoles se realizaron allanamientos en dos empresas eléctricas: Coelcha y Frontel del Grupo Saesa, con el objeto de “establecer si el personal de estas empresas tiene participación o responsabilidad penal en los hechos ocurridos”, indicó la Fiscal regional.

En esa línea, desde la PDI señalaron que las diligencias se efectuaron de manera simultánea en las cuatro regiones. “Hubo un trabajo intenso donde se desplegaron equipos especializados en el levantamiento de información; utilizamos alrededor de 100 detectives a nivel de las cuatro regiones”.

Díaz agregó que con estos allanamientos se obtuvo información, equipos móviles y notebooks, entre otros elementos, sin resistencia por parte de las empresas u otros inconvenientes.

Por su parte, la delegada presidencial regional, Daniela Dresdner, sostuvo que “tenemos resultados para definir con exactitud qué fue lo que ocurrió” y destacó la importancia de la investigación, “no solo para perseguir culpables, sino también para tomar medidas preventivas”.

Dresdner también señaló que desde el Gobierno ya han tomado medidas a nivel regional y en coordinación con los municipios para enfrentar la posibilidad de que ocurran incendios durante este verano.

Quien también se refirió a esta situación fue la diputada María Candelaria Acevedo, como integrante de la comisión investigadora de incendios forestales y representante de algunas de las zonas más afectadas por los siniestros.

“Estas medidas nos deben llamar a actuar en torno a los potenciales incendios forestales que tengamos en esta nueva temporada”, señaló la parlamentaria.

Empresas involucradas

Cabe señalar que, tras lo informado por la Fiscalía y la PDI, Diario Concepción se comunicó con las compañías eléctricas que fueron allanadas.

Marcelo Villena, abogado de la Cooperativa Eléctrica Charrúa (Coelcha), comunicó que “se nos ha permitido entregar toda la información acerca del exhaustivo mantenimiento de nuestra infraestructura eléctrica, así, por ejemplo, se entregó toda la información digital e impresa solicitada. Entendemos que este proceso ha involucrado a otras distribuidoras eléctricas, no obstante, es muy relevante que se conozca por la opinión pública la responsabilidad y obligación que las distribuidoras tienen de mantener sus franjas de seguridad libres de árboles, así como la imperiosa necesidad que las empresas forestales mantengan cortafuegos de dimensiones adecuadas en las zonas fuera de la franja de seguridad de la red eléctrica, así como en los bordes de caminos y zonas rurales pobladas”.

Por su parte, desde Frontel señalaron que “la PDI se ha hecho presente en nuestras oficinas para levantar información relacionada con el trabajo de mantenimiento que realizamos a nuestra infraestructura eléctrica. Reiteramos nuestra disposición a colaborar con la investigación del Ministerio Público. Tenemos la tranquilidad de que contamos con un exigente plan para asegurar la calidad y continuidad de nuestro servicio, lo que se demuestra y se confirma en la mejora de los indicadores de operación de la compañía”.

Cabe señalar que hasta el momento no existen personas detenidas ni formalizadas.