¿En qué condiciones viven los niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes en la Región del Biobío? ¿Está garantizado su acceso a salud y educación? ¿Qué dificultades enfrentan en materia de vivienda?
Con el objetivo de responder estas interrogantes y contar con datos acerca de esta realidad ante el aumento de familias migrantes en el país y en la región, la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) realizó el Estudio Niñez Migrante, financiado por el Gobierno Regional del Biobío, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
La investigación estuvo liderada por Verónica Gómez, docente de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales UCSC, y contó con un comité técnico asesor compuesto por el Observatorio de Estudios de la Sociedad de la Universidad, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización Internacional para el Trabajo (OIT).
Gómez relevó la importancia de este trabajo para “fortalecer la base de datos a nivel regional, contextualizar la realidad de las condiciones en la que viven estos niños y niñas y poder articular la red local de cuidado, protección y acceso a los servicios públicos a los que ellos tienen derecho”.
Un total de 591 encuestas fueron aplicadas a padres y cuidadores, alcanzando así a 832 niños, niñas y adolescentes, con una representación significativa de mujeres y una diversidad en cuanto a países de origen, destacando la presencia mayoritaria de venezolanos y colombianos.
El estudio se basó en un enfoque exploratorio y no experimental, recolectando datos a través de encuestas aplicadas en 33 comunas de la región, con entrevistas y talleres participativos con cuidadores y actores locales. Asimismo, se desarrollaron talleres provinciales en Los Ángeles, Cañete y Concepción, involucrando a representantes de gobiernos locales, academia, y organizaciones de la sociedad civil.
Educación, salud y vivienda
Enfocándose en el acceso a los servicios básicos, una de las principales conclusiones tiene relación con las brechas educacionales.
El informe reveló que los niños migrantes representan el 5% de la matrícula escolar, destacando la necesidad de reforzar la inclusión y soporte educativo para esta población vulnerable. Los establecimientos municipales son el principal entorno educativo, con un 37% de centros adecuados para la demanda de NNA migrantes.
Sin embargo, como explicó la investigadora, un 14.7% de estos niños está fuera del sistema educacional formal. La situación es aun más crítica en el preescolar, donde un 63% no tiene acceso.
Verónica Gómez recalcó que “los niños y niñas en condición de movilidad humana, aunque no tengan residencia, aunque estén en situación irregular, tienen un identificador provisorio para ellos y para sus apoderados o apoderadas”.
La académica se refirió además a situaciones complejas como el bullying, la falta de elementos de interculturalidad o la baja participación de las familias en la vida escolar.
En relación con el derecho a la salud, un 10.7% de las atenciones médicas regionales fueron a migrantes. Entre los NNA, 617 cuentan con Fonasa, mientras que 187 carecen de cualquier tipo de previsión de salud.
Los trámites de acceso son ágiles, aseguró la encargada del estudio, pero existen obstáculos para obtener la residencia, afectando a adolescentes que buscan servicios de salud sexual y reproductiva o acompañamiento en salud mental.
La vivienda adecuada, al no estar garantizada por ley, es el desafío más crítico. Tal como lo evidenciara el incendio de Coronel en noviembre de 2023, con catorce víctimas fatales, el hacinamiento es una de las principales amenazas. Según el estudio, un 54% de los niños migrantes reside en condiciones de alta densidad.
Ampliar la oferta de subsidios a personas migrantes, planteó, puede ser una alternativa para dar respuesta a esta problemática, entendiendo que “una vivienda es el espacio vital para una familia y las niñas y niños tienen que estar en un espacio adecuado”.
Articulación institucional
Tras 18 meses de trabajo, el Estudio Niñez Migrante se presentó en una actividad que contó con la presencia de autoridades políticas, académicas, miembros de la sociedad civil y de organizaciones sociales, entre otros.
Consultada sobre los desafíos en materia institucional, Verónica Gómez destacó el avance de la “fuerza de tarea” que lideran la Seremi de Desarrollo Social y las distintas oficinas locales de la Niñez. No obstante, planteó que es clave combatir el desconocimiento tanto de padres y cuidadores como también de funcionarios públicos.
Asimismo, indicó que “lo primero que tenemos que hacer es la detección temprana. Cada vez que nosotros tenemos contacto, que cualquier servicio público tiene contacto con niños y niñas en situación de movilidad humana, preguntar si está escolarizado más que preguntar si está irregular, porque eso se puede trabajar después, y facilitar el acceso”.
“No sólo tienen una condición muy precaria, sino que su situación de vulnerabilidad es aún mayor, por lo tanto, son sujetos de protección especial, no sólo del Estado, sino de toda la sociedad y todos somos garantes de sus derechos. Es importante ayudarlos para interrumpir estas situaciones de vulneración y desprotección que tienen, por ello es necesario trabajar por su integración e inclusión real en la sociedad chilena, bienestar y calidad de vida”, concluyó.
Revisa la entrevista completa:
Foto: Unicef (contexto)
