Durante el primer trimestre de este 2022 se cumplen 10 años de dos hitos relevantes en la historia nacional reciente contra la discriminación y violencia de género.
Por un lado, el 24 de febrero de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado chileno en el caso “Atala Riffo y niñas Vs. Chile” [Escucha la entrevista con Karen Atala].
En ese fallo se destacó especialmente el reconocimiento de la orientación sexual y de la identidad de género como categorías protegidas, declarando que para comprobar la existencia de una diferencia de trato en una decisión particular no es necesario basarla “fundamental y únicamente” en la orientación sexual de la persona, sino que basta que en cierto grado se haya tenido en cuenta, ya sea de manera implícita o explícita.
Por otro lado, el pasado 2 marzo se cumplieron 10 años del ataque a Daniel Zamudio, producto de su orientación sexual. Un grupo de sujetos lo torturó durante horas esa noche y, tras varios días en el hospital, falleció el 27 de marzo de 2012.
Ambos hechos incidieron directamente en cambios normativos en materia de igualdad y no discriminación. En palabras de Ximena Gauché, abogada y académica UdeC, éstos vinieron a acelerar las discusiones políticas que desembocaron principalmente en la Ley Antidiscriminación, conocida como Ley Zamudio.
Mireya Fernández, Asesora de Satisfacción usuaria en el Servicio de Salud Talcahuano y Coordinadora de la Mesa de Participación Trans y de la Mesa de Lesbianas, Bisexuales y más del mismo Servicio de Salud, comparte la misma idea, en cuanto a que la muerte de Daniel Zamudio aceleró la promulgación de la Ley que lleva su nombre.
Lamentablemente, agrega, “hemos visto que en Latinoamérica y el mundo se siguen cometiendo este tipo de crímenes de odio”.
La reflexión también es compartida por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Movilh. Ramón Gómez, encargado de Derechos Humanos, sostiene que ni antes ni después se ha conocido un crimen como el de Zamudio.
“Si no hubiese sido por este hecho, la Ley Antidiscriminación, que ya llevaba 7 años en el Congreso, podría haberse demorado aún más”, comentó.
Desafíos de la Ley Antidiscriminación
Si bien ha habido algunos avances en materias públicas, como la Ley de Identidad de Género promulgada en 2018, los y las especialistas reconocen que aún quedan varios desafíos pendientes.
Fernández comenta que entre los avances públicos se cuentan las Oficinas de la Diversidad Sexual, o similares, instaladas en algunos municipios del país y distintas capacitaciones tanto en organismos públicos y privados.
De todos modos, de acuerdo a lo señalado por la funcionaria del Servicio de Salud Talcahuano, todo esto no es suficiente. Explica que falta sensibilizar a la sociedad completa, educar e informar a las familias, y contar con una política de Salud Sexual y Reproductiva efectiva.
Fernández complementa que es necesario que la justicia castigue realmente a quienes cometen este tipo de crímenes y repare integralmente a las víctimas.
Para el vocero del Movilh, la Ley Zamudio ha impulsado la discusión de otras normativas a favor de la inclusión en nuestro país, como la Ley de Unión Civil, la Ley de Matrimonio Igualitario o la Ley que reconoce los derechos de las personas migrantes, entre otras.
Asimismo, Ramón Gómez sostiene que los desafíos actuales también tienen relación directa con los avances alcanzados en Chile. “Tenemos una ciudadanía que, en su gran mayoría, rechaza de manera rotunda cualquier tipo de discriminación o falta de igualdad. Si bien sigue habiendo discriminación y hechos de violencia en espacios públicos y privados, la ciudadanía en general condena todos estos actos”, explica.
En cuanto a los desafíos, Gómez explica que, paradojalmente, es necesario mejorar la Ley Antidiscriminación. “Desde el punto de vista punitivo sigue siendo deficiente; se requiere que sea más amable con la víctima y no con el victimario”, afirmó.
Por otro lado, el vocero del Movilh se refirió al Art. 365 del Código Penal como una de las últimas normativas legales homofóbicas que quedan en Chile. El artículo en cuestión penaliza a las y los adolescentes de la diversidad sexual estableciendo su edad mínima de consentimiento sexual a los 18 años y no a los 14 como ocurre con la población heterosexual, llamando incluso la atención del Comité de los Derechos del Niño de la ONU que lo ha considerado abiertamente discriminatorio.
Por último, la abogada Ximena Gauché agrega que ambos hitos, los de 2012, son representativos de un cambio social, cultural y normativo más lento de lo esperado, al menos, en cuanto a la cantidad de denuncias de abuso y acoso en distintos espacios y lugares del país.
De todos modos, Gauché destaca el proceso constituyente y valoró la aprobación de incorporar la perspectiva de género en el sistema judicial a través de la Nueva Constitución.
En materia de igualdad de derechos y no discriminación, muchas personas tienen altas expectativas del trabajo que realice la Convención, paritaria y con escaños reservados, a favor de generar cambios significativos en la sociedad, principalmente en las áreas de justicia, educación y salud.
