El 10 de agosto, el Servicio Electoral publicó las resoluciones de aceptación y rechazo de candidaturas para las elecciones regionales y municipales del próximo 26 y 27 de octubre. En este contexto, el organismo informó que 196 postulaciones fueron rechazadas por deuda vigente de pensiones alimenticias.
Si bien tener deuda vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias es una causal de inhabilidad para las elecciones de gobernadores, gobernadoras, cores, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas; no lo es para las candidaturas a la Cámara de Diputadas y Diputados y al Senado.
Por este motivo, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, junto al ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, anunció que patrocinarán una
moción que permita aplicar esta causal de inhabilidad en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales de 2025.
Al respecto, la ministra Orellana explicó que “tal como nos comprometimos durante la tramitación de nuestra Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, hemos definido, junto al ministro Elizalde, patrocinar el proyecto que homologa esta condición hacia los parlamentarios, porque actualmente, a las elecciones parlamentarias se pueden inscribir candidatos con deuda vigente en el Registro, pero no así para alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobiernos regionales, lo cual evidentemente no se entiende”.
“El no pago reiterado de pensiones de alimentos es una vulneración de los derechos de los niños, es una forma de violencia económica y, por lo tanto, infringe la probidad administrativa que cualquier representante que aspire a ser electo debiera cumplir”, enfatizó la secretaria de Estado.
Asimismo, la autoridad explicó que se reunirán con legisladores de distintos sectores políticos que han impulsado iniciativas con este objetivo y evaluarán “cuál es la opción más rápida para que esto tenga reglas claras lo antes posible, antes de que se inicie un nuevo ciclo electoral”.
En tanto, el ministro Elizalde aseguró que “actualmente, según la ley, no pueden ser candidatos a elecciones regionales y locales aquellos que forman parte del Registro Nacional de Deudores de Prensiones Alimenticias vigente. Es necesario aplicar esta prohibición también a los candidatos al Congreso y a la Presidencia de la República”. Y agregó: “Es incompatible aspirar a cargos de representación popular con ser deudor de alimentos”. En definitiva, el Ejecutivo buscará refundir cuatro proyectos de ley con el objetivo de facilitar el debate y tramitación de la iniciativa.
Es importante señalar que, desde mayo de 2023, la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones Alimenticias abrió la posibilidad de que los deudores de pensiones de alimentos que se encuentran en el registro nacional puedan salir de este, pagando la deuda o llegando a acuerdo de pago.
El Servicio Electoral es una de las 2.300 instituciones enroladas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, un sistema electrónico administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificaciones, habilitado para personas e instituciones públicas y privadas que tienen la facultad o la obligación legal de consultarlo
