Por casi seis décadas, María Soledad Díaz Fernández ha trabajado en temas de salud sexual y reproductiva, desde su formación como médico cirujano y también como investigadora en aspectos básicos y clínicos de la reproducción humana y planificación familiar.
Su currículo es extenso, y en él destaca que desde 1979 ha participado en diferentes comités del Departamento de Salud Reproductiva e Investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyendo el grupo de expertos que elaboró los Criterios Médicos de Elegibilidad para el uso de anticonceptivos.
¿Cómo han mutado las prioridades de las mujeres chilenas con el paso de los años? La Dra. Díaz cuenta que “cuando yo empecé a trabajar, en 1965, estaba dominando el escenario el tema de la explosión demográfica y había muy pocos métodos anticonceptivos en ese momento, no había una gran variedad, y ahora, casi 60 años después, ha cambiado el paradigma”.
Según un estudio de la Universidad Católica del Maule, Chile fue el primer país latinoamericano en abordar la sexualidad como asunto público (1967), a partir de la instalación de programas internacionales de planificación familiar. Desde entonces, la política pública sobre salud sexual y reproductiva ha seguido una trayectoria fluctuante pudiendo identificarse diferentes énfasis y marcos de interpretación: vinculados al control demográfico, la religión católica, a la salud pública y, más recientemente, a los derechos humanos.
El acceso a servicios e insumos de salud puede entramparse cuando las cadenas de suministros son sometidas a alteraciones. Ejemplo de ello fue lo ocurrido en nuestro país durante la pandemia de Covid 19, momento en que –según un estudio de la Corporación Miles–, el 44% de las personas presentó alguna dificultad para conseguir atención ginecológica o pastillas anticonceptivas.
Para la Dra. Díaz, en Chile aún existen graves desigualdades para acceder a salud sexual y reproductiva, que afectan profundamente a las poblaciones más vulneradas, siendo “uno de los peores problemas que todavía enfrentamos y que tiene que ver con el tema de inequidad en general”.
En septiembre de 2023, una columna del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES Chile) alertaba que la tasa de natalidad en el país había caído a un mínimo histórico de 1,3 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2,1.
Sobre la planificación familiar, la cofundadora del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva puntualizó que “esta sociedad debería aceptar que si quiere tener hijos en edades más tempranas, tiene que favorecer las condiciones para que las mujeres puedan seguir trabajando durante el embarazo y en el postparto, con los tiempos suficientes de recuperación y con la flexibilidad horaria que necesiten”.
Aborto
La historia (y las discusiones) sobre el aborto tienen larga data. El Código Sanitario de 1931 establecía en su artículo 226 que “sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo”. Tras ello, una reforma en 1968 mencionaba que se requería la opinión documentada de dos médicos cirujanos para llevar a cabo el procedimiento, y el cambio sustancial llegaría en 1989, con la prohibición absoluta, a través del artículo 119 del código sanitario, introducido por la ley 18.826 dictada por la junta militar.
“Había un código sanitario en el cual el derecho al aborto estaba permitido y se implementaba y nadie lo discutía. Durante el gobierno militar se eliminó ese artículo y se empezó a prohibir el aborto por todas las causales”, recuerda la facultativa, quien tiene una postura crítica ante la actual objeción de conciencia institucional, pues considera que dificulta la implementación de la ley que despenaliza el aborto voluntario en tres causales.
Entre 1987 y 2004, María Soledad Díaz Fernández fue integrante del Panel Médico de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF). También ha sido investigadora asociada en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica y ha participado en grupos de trabajo del Ministerio de Salud y del Servicio Nacional de la Mujer.
Recientemente, nombrada Visita Distinguida de la UdeC, por sus aportes en salud sexual y derechos reproductivos.
