Luego de analizar la propuesta de Nueva Constitución elaborada por la Convención, la llamada Bancada de Diputadas y Diputados del Partido de la Gente (PDG) e Independientes llamó a «no aprobar» el texto y entregó una declaración con 12 de puntos calificados como «preocupantes». Dentro de ellos, se incluyen aquellos articulados relativos a plurinacionalidad, escaños reservados, consentimiento indígena, Poder Judicial, entre otros.
El análisis, que se anuncia pormenorizado, reconoce la consagración de «grandes avances» por parte del órgano redactor, como es la instauración de un Estado social de derecho; a la vez que critica al mismo por no representar «la forma de pensar de la mayoría de los chilenos» y por poner por sobre los intereses de estos «odiosidades, revanchismos e incluso proyectos personales».
Es por ello que tras realizar una encuesta digital a su militancia, en la que los participantes entregaron el 91% de las preferencias al «Rechazo»; la bancada de diputadas y diputados del PDG llamó a «no aprobar» la propuesta de Carta Magna. Ello fue abordado por la diputada Yovana Ahumada Palma (PDG).
Percepciones similares fueron compartidas por el diputado Víctor Pino Fuentes (PDG), quien calificó como una «gran oportunidad» la opción de rechazar, dado que, a su juicio, el texto a plebiscitar «no es lo que el país necesita».
Ejes en cuestión
En la declaración adjuntada por los representantes del PDG se afirma que «no es posible admitir naciones dentro de una nación como es la chilena», dado que ello produciría una «balcanización» o fragmentación del territorio nacional. A ello, suma la crítica a los escaños reservados, los que según el diputado Roberto Arroyo Muñoz (PDG), generarían una sobrerrepresentación de «una parte de la población» y una «reedición de la criticada figura de los senadores designados».
También, en la misiva se apunta a los supuestos «candados» que impedirían reformas a la propuesta, los que no solo estarían dados por el quórum de 4/7, sino que además porque, supuestamente, bastaría «con que un pueblo originario se oponga porque (…) afecta a sus intereses para que esa modificación no se pueda llevar a cabo».
En suma, los representantes de la Cámara Baja acusan una «interferencia excesiva del derecho internacional en (los) asuntos internos», por lo que, explican, aprobar la Nueva Constitución implicaría también «aprobar un derecho constitucional externo». Algo similar ocurre con la propuesta de Sistemas de Justicia, la que, aseguran, crearía una respuesta a «una necesidad inexistente» de los pueblos originarios, favorecería «a determinados grupos de interés por sobre la generalidad del pueblo de Chile» y crearía un Consejo Para la Justicia que «politizaría aún más a los jueces».
Asimismo, se cuestiona la remoción de la figura del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia y la supuesta eliminación de la responsabilidad política de los delegados regionales y provinciales, dado que ello quitaría «una herramienta de control y disuasión». En esta misma línea, los diputados del PDG manifestaron su preocupación por los cambios que afectarían a los recursos de protección y a la libre elección en los sistemas de salud y educación.
Finalmente, el diputado Gaspar Rivas Sánchez (PDG) criticó que se mandate al Estado a promover los derechos ciudadanos de los presos y a implementar mejoras en su calidad de vida.
De esta manera, la bancada concluyó que la propuesta «no contribuye a resolver las verdaderas demandas ciudadanas manifestadas en la calle» y que pone a Chile a experimentar con «un modelo que no existe en ningún otro país». A ello agregaron que de ganar el «Rechazo» en el plebiscito de salida, los diputados del PDG se comprometen a buscar los mecanismos para rescatar «todo lo bueno» del texto elaborado por la Convención y a «avanzar en una propuesta de Constitución que ponga en el centro a la gente».
