Comenzó en el Senado la discusión de las indicaciones presentadas por el Gobierno a la llamada «Ley Corta» que busca resolver la crisis de las isapres resguardando a los más de 3 millones de afiliados y sin generar un colapso del sistema de salud.
Se trata de indicaciones en línea con el dictamen de la Corte Suprema y que consideran, entre otros aspectos, que las isapres tendrán un mes para presentar el plan de pago a la Superintendencia de Salud y diez años para saldar la deuda, periodo en el que no podrán recibir utilidades.
Las devoluciones, en tanto, se harán solo en excedentes, es decir, en dinero una vez al año, en una cuenta que abrirá la isapre a cada beneficiario, independiente de la institución en la que se encuentre.
En paralelo, se busca simplificar la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa, incluyendo un seguro catastrófico y asegurando la continuidad del tratamiento a los afiliados de una Isapre en insolvencia que tengan activado un seguro catastrófico y el GES.
Además, la adecuación de los precios finales de los planes no puede significar una reducción del precio pactado de los contratos bajo el valor de la cotización legal de un 7%.
Para la diputada Ana María Gazmuri, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, «tenemos que asumir que estamos frente a una crisis terminal de las isapres, y no por responsabilidad del estado o los usuarios, sino que de las propias isapres».
La parlamentaria destacó que se trata de medidas que «van en la dirección correcta».
Gazmuri relevó que se apueste por fortalecer a Fonasa pensando en la migración de afiliados desde las isapres.
En ese sentido, indicó que las propuestas del Ejecutivo «tienen el foco puesto en las personas», atendiendo la preocupación ante el eventual quiebre de algunas de estas instituciones.
La diputada se refirió además a la confusión generada en torno a la cifra total de deuda de las isapres, explicando que la diferencia pasó por desestimar la idea de «mutualizar» la deuda, que planteó el Comité Técnico.
Dicha instancia proyectó US$ 541 millones, lejos de los mil millones a los que hace referencia el Minsal y de los US$ 1.400 millones de dólares informados por la Superintendencia de Salud en un primer momento.
Respecto del plazo de pago, sostuvo que «tendríamos que debatirlo, pero es preferible ver que se paguen esas deudas efectivamente antes de que, por ejemplo, muchas entren en insolvencia simultáneamente y se haga imposible».
Anticipando el debate legislativo, Ana María Gazmuri recalcó que «si no logramos llegar a acuerdo, nos demoramos, vamos a Comisión Mixta, la Core puede implementar el fallo y punto (…) tenemos que buscar consenso, tenemos que tener diálogo, pero sin perder el foco de que lo importante es que se cumpla el fallo de la Corte Suprema y que le demos seguridad a los usuarios que aún quedan en el sistema».
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Foto: Diario Concepción
