Muchos son los efectos que se esperan para Biobío, y el resto del país, una vez que Huachipato cumpla el anuncio de paralizar sus operaciones de forma indefinida, acarreando con ello las desvinculaciones de aproximadamente 22 mil empleados contratados de forma directa e indirecta.
Según Víctor Hernández, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas UdeC, se trata de “una empresa estratégica dentro de la región y cualquier cambio como los ya anunciados, van a tener fuertes impactos de manera directa en el empleo”. A eso suma que “lo más delicado es que se traduciría en aumentar la tasa de desempleo”, pasando de un 8,8% a aproximadamente un 12%, sin olvidar el impacto en la actividad productiva y en la imagen internacional.
No es un secreto que las los tropiezos financieros se arrastran hace años. “Huachipato tienen datos consistentes que muestran que, lamentablemente, la mantención de la actividad siderúrgica le está generando pérdidas que durante los últimos 5 años ha significado una merma en sus utilidades de 700 millones de dólares”, expuso el economista.
En tanto, sobre los errores de los últimos meses, Hernández argumentó que hay responsabilidades tanto del gobierno como de la empresa, debido a que “tomaron la Comisión Antidistorsiones como solución definitiva y se olvidaron del problema”. Además, las divergencias entre Molycop y Huachipato acrecentaron el complejo panorama.
Sobre las soluciones que podrían haberse buscado para destrabar la crisis, el investigador dijo que –por ejemplo– una salida era que “de común acuerdo las partes solicitaran una intervención para que se realice algún tipo de gestiones diplomáticas con China para arribar a algún acuerdo”, considerando que la empresa argumenta que a pesar de la aplicación en abril de las sobretasas al producto chino, la operación de su planta en el puerto de Talcahuano sigue siendo inviable.
“El gobierno debió haber insistido en la conformación de un plan B. El gran error fue cuando se llega a un acuerdo de la Comisión Antidistorsiones para la aprobación de las sobretasas y se hace por 6 meses, pudiendo haberlo extendido por un año, lo que podría haber sido a través de una solicitud a la Organización Mundial del Comercio”, remató el académico.
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