En el marco del Festival Puerto de Ideas del Biobío, la Universidad de Concepción organizó el Debate Constitucional UdeC, transmitido por los Medios UdeC y en el cual intervinieron destacados representantes de la academia y de la sociedad civil que expusieron sus ideas en torno al próximo plebiscito de salida.
La instancia estuvo organizada por el programa Foro Constituyente y la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio (VRIM), junto al programa AlumniUdeC y la Dirección de Comunicaciones de la casa de estudios.
Principios constitucionales, Derechos fundamentales y educación superior
En el primer bloque del debate se trataron los temas de Principios constitucionales, Derechos fundamentales y educación superior. En esta sección intervino la académica de los departamentos de Historia y Sociología de la Universidad de Concepción, Dra. Alejandra Brito; la directora de Estudios de la Fundación Ideapaís, Magdalena Vergara; el académico e investigador, José Joaquín Brunner; y el abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Javier Couso.
La primera pregunta que respondieron los panelistas fue respecto a las transformaciones que implicarían el cambio a un Estado social y democrático de derecho.
La Dra. Alejandra Brito afirmó que este es “uno de los cambios más significativos que la nueva Constitución establece” ya que delinea “la nueva forma en la que la ciudadanía nos vamos a vincular entre nosotros con el Estado e instituciones” y termina con el modelo de Estado subsidiado heredado de la Constitución de 1980.
Magdalena Vergara destacó el listado amplio de derechos sociales que deben ser garantizados, aunque manifestó sus dudas respecto a “la capacidad económica del país para proveer estos derechos” y aseguró que los estudios “demostrarían que estamos lejos para cumplir económicamente” con este catálogo. También expresó sus reparos sobre las limitaciones de la participación de la sociedad civil a través de organismos privados que establecería el texto.
José Joaquín Brunner dijo que la propuesta es una conjunción entre varios modelos de democracia, principalmente valorados en Europa. Realizó la advertencia de “no perder el sentido de realidad” en la garantía de derechos, afirmando que el catálogo es “rico, generoso, barroco, literario, es una imaginación utópica que hace sentido como orientación”.
Javier Couso agregó que la propuesta de Nueva Constitución se hace cargo del problema que generó el modelo de Estado subsidiario bajo el precepto de “soluciones privadas a problemas públicos”, como la concesión de cárceles a instituciones con fines de lucro. Para el abogado, las modificaciones al sistema “eran resistidas” y dijo que este “cambio de tono es bienvenido a la luz de lo que fue el estallido social”.
La segunda pregunta, en materia de derechos fundamentales, fue respecto a los cambios más relevantes que las y los panelistas pudieron detectar en la propuesta de nueva Constitución.
Para Alejandra Brito, el tema de vivienda “ha sido una demanda histórica de los movimientos sociales populares desde inicios del siglo XX” y valoró su inclusión en el texto junto a los derechos vinculados a la temática de género y paridad. Opinó que “incluir a sectores tradicionalmente excluidos de toda participación” es fundamental para avanzar hacia un sistema que reconozca la igualdad sustantiva.
Al igual que Brito, Vergara también destacó los derechos relacionados con vivienda, aunque espera que estos “no sean meramente declarativos” y sostuvo que existe inquietud por la capacidad del Estado para garantizar efectivamente los derechos, ya que “no se incorpora la participación de los privados” en este tipo de provisiones.
La paridad, según Brunner, es una propuesta “interesante, un avance con sentido de moda, civilizatorio”, pero cree que existe “una sobreoferta (de Derechos) en condiciones de gran austeridad”, además de que no habría una resolución satisfactoria en el planteamiento de los denominados derechos de última generación.
La propuesta de nueva Constitución, de acuerdo a Javier Couso, demuestra una “profundizacion de derechos fundamentales clásicos” y estimó que estos se encuentran bien balanceados.
Ante la pregunta sobre la configuración del sistema público y privado de educación superior y los elementos positivos o negativos respecto al financiamiento en esta materia, Alejandra Brito dijo que existe una tremenda oportunidad para entidades como la Universidad de Concepción, que en sus más de 100 años de historia cumpliría con el marco propuesto por el texto de nueva Constitución, que “nos deja en posición de defensa de lo público”.
Magdalena Vergara, en tanto, señaló que es “problemático” el desconocimiento del aporte que realizan las instituciones privadas que estaría planteado en el texto.
José Joaquín Brunner criticó la ausencia del concepto de autonomía en materia de educación superior y la poca valoración e incorporación al manejo de la diversidad que tiene el sistema chileno.
Javier Couso, por el contrario, destacó en la propuesta elementos como el reconocimiento a la libertad de investigación y de cátedra, entre otros subtemas de educación superior. Manifestó que el texto “es compatible con buena parte de la regulación” que existe en la materia.
Estado regional, organización territorial y Sistema político
El segundo bloque tuvo como ejes los temas de Estado regional, organización territorial y Sistema político. En él participó el Dr. Inti Fuica, sociólogo y académico de los departamentos de Sociología y Antropología UdeC; Eduardo Aldunate, abogado y académico de la Pontificia Universidad de Valparaíso, y Valentina Verbal, historiadora y colaboradora asociada del centro de estudios Horizontal. Si bien estaba contemplada la participación de Pedro Cayuqueo, periodista y escritor, presentó sus excusas minutos antes del debate.
La primera pregunta del bloque fue sobre el equilibrio en las competencias que el texto constitucional entrega a las regiones. Inti Fuica manifestó que la propuesta realiza “un reconocimiento de la deuda histórica de las regiones por el centralismo exacerbado” que ha caracterizado el desarrollo de nuestro país. Con el objetivo de solucionarlo, agregó, la nueva Constitución “entrega la posibilidad de que las mismas personas de regiones tomemos decisiones de lo que ocurre en nuestros territorios”, escenario que no se daría en la actualidad.
Mientras, Eduardo Aldunate estimó que “casi no hay competencias” para las regiones autónomas y dijo que la propuesta carece de atribuciones elementales, como por ejemplo la capacidad de las regiones de decidir respecto a obras públicas. Opinó que el apartado de Estado Regional tiene una buena intención, pero técnicamente mantiene deficiencias.
En cuanto a las oportunidades y amenazas en la instauración de un bicameralismo asimétrico y la eliminación de la figura del Senado, Inti Fuica reconoció que en la Cámara de las Regiones existe un horizonte de continuidad para algunas de las labores que desarrolla actualmente la Cámara Alta. De todos modos, manifestó que la eliminación del Senado es relevante, ya que “fue muchas veces una piedra de tope para los cambios que se demandaban”.
Eduardo Aldunate dijo que “se rompe el equilibrio” en la tramitación legislativa con la desaparición del Senado y dijo que en términos de estadísticas la tramitación en esta cámara era mucho más rápida que la efectuada por las y los diputados. Valentina Verbal complementó la idea asegurando que existe un “desprecio por la historia” del Senado y discrepó de la efectividad de proyectos de ley que presenta la Camara de Diputados.
El debate fue conducido por Edgardo Vargas y Constanza Rivera, de TVU, y Alejandra Vera, de Radio Universidad de Concepción. Fue transmitido además por Radio La Discusión y Medios UdeC, incluyendo el Diario Concepción y La Discusión de Chillán.
Fuente: Foro Constituyente.