Durante esta jornada, el canciller Andrés Allamand y la ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt, dieron a conocer ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados las razones por las cuales el Gobierno de Chile no firmará el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido popularmente como el Acuerdo de Escazú, cuya fecha límite es el sábado 26 de septiembre.
Las autoridades reiteraron sus críticas al documento y manifestaron que la decisión del Ejecutivo se basa en cuatro puntos. En primer lugar, que el Acuerdo introduce una serie de principios no definidos que condicionarán nuestra legislación ambiental.
Asimismo, sostienen que podría implicar cambios inciertos en nuestra legislación, dada su autoejecutabilidad, generando incertidumbre jurídica.
Un tercer punto de lo expuesto por la autoridad tiene relación con que el Acuerdo introduce obligaciones para el Estado ambiguas, amplias e indefinidas, que dificultan su cumplimiento.
En este sentido, la visión del gobierno es que el Acuerdo expone a Chile a controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y el carácter ambiguo de las mismas.
El canciller Allamand negó que exista una contradicción entre la no firma de este tratado y la política medioambiental del país, que definió como “fuerte y resuelta». Además, indicó que otros países del continente también se encuentran revisando este acuerdo y que aún no se consiguen las once firmas necesarias para que entre en vigor.
La ministra Schmidt, en tanto, sostuvo que el problema con el Acuerdo de Escazú no son los temas que aborda, sino que la forma en la que quedó escrito el texto final.
“La ambiguedad y amplitud en que quedaron redactados algunos de sus artículos, sumado a su carácter vinculante y supralegal, así como el hecho de que no permita hacer ningún tipo de reserva, genera grave incertidumbre jurídica en cuanto a la legislación interna a aplicar y expone al Estado de Chile a ser demandado internacionalmente llevándolo a tribunales internacionales para la resolución de conflictos internos producidos en nuestro territorio nacional, por ambigüedades en su aplicación”, sostuvo la secretaria de estado.
La titular de Medio Ambiente indicó además que “la decisión de no firmar el texto de Escazú, en la forma en que éste quedó redactado, no es una decisión del Ministerio de Medio Ambiente, no es una decisión de Cancillería, sino una decisión de todo el Gobierno sin excepción. Una decisión compleja basada en un análisis largo, profundo”.
Desde las organizaciones ambientalistas las críticas fueron inmediatas. El director nacional de Greenpeace, Matías Asun, manifestó que esta decisión “confirma que el gobierno ha engañado al país haciéndonos creer que los temas medio ambientales están en el centro de su agenda”.
Asun recordó además que el gobierno chileno fue uno de los principales impulsores de este tratado y que se citó dentro de los argumentos para obtener la sede de la COP25 efectuada a fines de 2019.
Una visión compartida por Sebastián Benfeld, Champion de Escazú por la Cepal y líder de campaña Escazú Ahora Chile.
Benfeld hizo referencia a la intervención del Presidente Piñera durante la Asamblea General de la ONU este mediodía y calificó como ”inaceptable que mientras en Naciones Unidas el Presidente habla de avanzar hacia un desarrollo sostenible y proteger los DD.HH., en su propia casa siga postergando la entrega de soluciones concretas a quienes sufren en carne propia las consecuencias de una institucionalidad ambiental deficiente”.
Los partidos de oposición, en tanto, centraron sus criticas en la contradicción que existiría entre las políticas medioambientales del país, la decisión de no firmar de este tratado y el mensaje del primer mandatario ante la ONU.
Para el diputado y presidente del Partido Ecologista Verde (PEV), Félix González, esta decisión es un reflejo de que el Ejecutivo “defiende a las empresas que contaminan el país”. En esta línea, adelantó que como ecologistas no descansarán hasta que un nuevo gobierno suscriba este tratado y garantice justicia ambiental, participación ciudadana y la protección de los defensores y las defensoras ambientales.
Su par de Revolución Democrática, Catalina Pérez, a través de Twitter, calificó como “inaceptable que el mismo Gobierno que participó activamente en la promoción y redacción de este acuerdo histórico en América Latina se niegue a firmarlo”.
La diputada del PC Carmen Hertz, por su parte, manifestó que los argumentos entregados por los ministros Allamand y Schmidt fueron “jurídicamente incorrectos, derechamente inverosímiles y una vergüenza internacional”.
Finalmente, desde el Partido Progresista, su presidente, Camilo Lagos, declaró que “este gobierno nos está matando a corto plazo con su violencia desmedida, represión y pésimo manejo de la crisis sanitaria. Ahora nos mata a largo plazo negándose a firmar acuerdos que protegerán la vida nuestra, de nuestros hijos y nietos (…) la única agenda verde que conoce es el verde de Carabineros».
