Durante el último fin de semana largo, entre el 12 y 16 de julio, hubo 17 homicidios registrados en la Región Metropolitana. Los más llamativos fueron los cinco ocurridos en Lampa y los cuatro en Quilicura, además de otros en Huechuraba, Renca, Independencia, Cerro Navia, Pedro Aguirre Cerda, Estación Central y Talagante.
Si bien la tasa nacional cayó levemente en 2023, pasando de 6,7 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2022 a 6,3 el año pasado, en la Región Metropolitana se concentra el 40% de los asesinatos del país, lo que ha generado una serie de reuniones, anuncios y despliegue del Gobierno en torno a la seguridad, al punto de que el Presidente Gabriel Boric suspendió su participación en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París.
Entre las medidas anunciadas por el Ejecutivo destaca la ampliación del Plan Calles sin Violencia a todas las comunas de la Región Metropolitana y la creación de una nueva cárcel de alta seguridad en Santiago.
Además, el pasado 18 de julio, Boric anunció que colocará urgencia inmediata a dos proyectos de ley que se mantienen en el Congreso Nacional, el de Inteligencia Económica, que lleva 18 meses en la Comisión de Seguridad del Senado, y el de Inteligencia del Estado, que lleva desde 2018 en la Cámara de Diputados.
Precisamente, una de las dificultades que enfrenta el Gobierno es la tramitación de sus proyectos de ley en el Parlamento. El rechazo a la idea de legislar la Reforma Tributaria y la dilatada discusión de iniciativas clave para el Ejecutivo, como el Pacto Fiscal y la Reforma Previsional, son muestras de la complejidad que debe enfrentar el gabinete político en el Congreso.
Para el Dr. Christopher Martínez Nourdin, director del Magíster en Política y Gobierno UdeC, “la seguridad es un tema que siempre ha incomodado al Gobierno” y no solo será difícil la negociación con la oposición, sino también con el oficialismo.
En tanto, el analista político y director de Asuntos Públicos de Observa Biobío, Lucas Serrano, sostiene que “la perspectiva [de tramitación legislativa] debiera ser buena, porque parece que tanto oficialismo como oposición lo ven como un tema prioritario”, sin embargo, reconoce que estando en un año electoral “todo dependerá del juego político” finalmente.
En cuanto a los anuncios del Gobierno, como la ampliación del Plan Calles sin Violencia a otras comunas de la Región Metropolitana, Hugo Contreras, docente de la Facultad de Gobierno UDD y autor del último boletín regional del Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales Faro UDD, indica que focalizar esta medida en unidades administrativas como los municipios no tiene sentido práctico, considerando que “el fenómeno delictual que observamos es un problema país y no comunal”.
Asimismo, explicó que ni las víctimas ni los victimarios están relacionados necesariamente con las comunas donde ocurren los homicidios.
En cuanto al impacto que podrían tener las medidas anunciadas por el Ejecutivo, tanto en los índices de seguridad como en la percepción ciudadana, Hugo Contreras explica que “el crimen y la delincuencia no se controlan necesariamente desde las cárceles” por lo que “mientras no se observen medidas concretas y reducción en las tasas y frecuencia de delitos es difícil que la población se sienta segura”.
En esa misma línea, Christopher Martínez señala que “las medidas van a tener un efecto acotado”, sobre todo si vemos nuevos hechos de violencia como los observados el último fin de semana largo.
Finalmente, en cuanto a los ejes programáticos del Gobierno y su tramitación en el Congreso, Lucas Serrano estima que las dinámicas legislativas seguirán priorizando la agenda de seguridad, lo que dificulta aún más que el Pacto Fiscal y la Reforma Previsional vean la luz durante este periodo.
Cabe señalar que esta semana la agenda legislativa está marcada por el ingreso del proyecto de ley que busca acelerar la construcción de la cárcel de alta seguridad en Santiago y diversos proyectos relacionados con eventuales nuevos retiros de fondos previsionales.
