Pese a la seguidilla de reuniones con participación de dirigentes sindicales, autoridades regionales, parlamentarios y el propio ministro de Economía, Nicolás Grau, la crisis del acero en Biobío continúa sin soluciones claras.
Tras el anuncio del cese de operaciones de la siderúrgica Huachipato, diferentes gremios regionales han solidarizado con los más de 20 mil trabajadores que quedarían sin empleo, presionando al Gobierno a entregar respuestas y anunciando movilizaciones.
Acompañando la reunión que sostuvo el ministro Grau con los dirigentes de la siderúrgica estuvo el presidente del Sindicato Enap y vocero de la Mesa por la Defensa del Empleo y la Industria Regional, Iván Montes, quien señaló que “evalúan un paro regional si es que no resuelve de buena forma la situación de Huachipato”.
Incluso, Montes sugirió que esta crisis podría gatillar una movilización nacional, sumándose a las demandas que ha levantado la CUT con miras al paro del próximo jueves 11 de abril.
Considerando la experiencia del cierre de las minas del carbón a fines de los ‘90 en Lota, el vocero descartó de plano un “plan de reconversión” para los eventuales desempleados del acero.
También estuvo presente David Acuña, presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quien enfatizó en que la situación es preocupante y genera incertidumbre en otras empresas del país. “Creemos que hay responsabilidad del Estado y los empresarios y vemos que el costo lo pagan las y los trabajadores”, afirmó.
En esa misma línea, Acuña sostuvo que se necesitan “soluciones concretas” y planteó que “subir los aranceles puede ser una buena salida, pero no se puede mantener en el tiempo. Tenemos que buscar cómo se dinamiza la industria de la mano de los trabajadores”.
Finalmente, el presidente nacional de la CUT enfatizó en las consecuencias que puede tener esta crisis y señaló que no se trata solo de números, sino de las familias.
Este jueves, los sindicatos de la siderúrgica Huachipato se reunirán en una asamblea general en la que se anunciaría un nuevo calendario de movilizaciones, en paralelo al proceso de apelación de la compañía ante la Comisión Antidistorsiones.
