Por: Ana Araneda Gómez, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional del Biobío.

Intensas jornadas se vivenciaron en esta versión 27 de la Cumbre Mundial de Medio Ambiente, donde se reunieron casi 40 mil personas a diario durante estos 13 días de trabajo promovido por las Naciones Unidas con sus casi 200 Estados adscritos, buscando como objetivo principal la reducción de los gases de efecto invernadero y a su vez, las potenciales estrategias para la adaptación y resiliencia territorial ante la crisis climática que cada día se agudiza más.

La esperanza de esta nueva versión es dar cumplimiento y aplicación a las voluntades políticas y compromisos que se han realizado en años anteriores, como es el financiamiento de las grandes potencias mundiales que se caracterizan por ser los mayores contaminadores dejando a los países subdesarrollados, y en vías de desarrollo, con la mayor vulnerabilidad y riesgos climáticos y ambientales, entendiendo que estos mismos países son, los que menos
contaminan.

Alcanzar estos grandes acuerdos debe ser bajo una gobernanza transversal que no sólo incluya a los tomadores de decisiones, sino también deben estar insertos la sociedad civil, la ciencia, la tecnología y hacer parte a las mujeres y las niñas, que deben encontrarse en el centro de la acción climática, porque su empoderamiento conduce a una mejor gobernanza y resultados.

Chile en comparación con los países que integran la ONU, se encuentra en el sexto lugar de las naciones que más reducen sus emisiones y esto se debe al esfuerzo que ha realizado el Estado como la promulgación de la reciente Ley de Marco de Cambio climático, que nos pone dentro de los pocos países con una legislación ambiciosa que busca, en un periodo acotado, alcanzar la neutralidad entre otros grandes objetivos. Así se forma y articulan los comités regionales de cambio climático, permitiendo la descentralización para buscar distintas soluciones a los desafíos que tienen las regiones con la diversificación de sus patrimonios naturales, avances en el traspaso de competencias como las resoluciones ambientales de los procesos productivos.

Nuestra Región del Biobío también se posiciona ambientalmente contando con la Política Pública de Biodiversidad, única en Chile, que permitirá la generación de planes y programas, cuyo objetivo es garantizar la gobernanza y sustentabilidad.

La evidencia de la ciencia y la tecnología expuestas en la COP27 por los distintos Estados es real, aplicable y reproducible. Las voluntades políticas y el financiamiento deben ser entonces la gran apuesta y el desafío crucial. La naturaleza no sabe de guerras ni de odios y nosotros debemos hacer las paces hoy, porque mañana ya es tarde.