Una propuesta de norma constitucional para impedir la contratación en cargos públicos de cónyuges y parientes hasta en cuarto grado, de diversas autoridades nacionales donde se considera al Presidente de la República, ministros, subsecretarios, parlamentarios, gobernadores, delegados, alcaldes, concejales, consejeros, y cualquier otra autoridad de confianza; fue presentada esta mañana por un grupo de convencionales de Vamos por Chile.
La convencional Claudia Castro destacó que «todos sabemos que, a lo largo de la administración del Estado, y con sueldos pagados por todos los chilenos, encontramos gran cantidad de funcionarios que ocupan cargos por el único mérito de ser pariente de un alto funcionario o de un congresista cercano al Gobierno de turno. Es urgente establecer una regulación que impida estos abusos, que evite que el Estado sea un botín de turno, y que permita el ingreso de los mejores».
Martín Arrau, precursor de la normativa, detalló que «estas inhabilidades cierran un paquete de medidas que buscan recuperar el valor del servicio público, al que deberían llegar las personas más idóneas y no aquellas con mejores contactos, ni aquellas que buscan enriquecerse. La propuesta se suma a nuestras presentaciones para reducir el Congreso a la mitad, a la que presentamos ayer para establecer la dieta de parlamentarios en 50 unidades tributarias mensuales, a la norma que establece la lesión de derechos por parte del Estado y a la que promueve su función eficiente, entre otras».
Respecto de la norma para reducir la dieta de parlamentarios a 50 UTM, el constituyente Pablo Toloza planteó que «esta propuesta de norma viene a canalizar y dar respuesta a un clamor popular en el sentido de que la dieta de los parlamentarios es excesivamente alta en comparación a la de otros países y a la del promedio nacional. El monto propuesto es exactamente igual a la dieta establecida por los propios parlamentarios para los convencionales, de forma tal, que no es un monto antojadizo, sino que tiene un sustento económico y financiero».
Por último, la representante del Biobío, Rocío Cantuarias recalcó la importancia de todas las medidas presentadas en busca de mejorar el sistema político y la eficiencia del Estado. «Hay que reducir la desconfianza de la ciudadanía en los políticos, y para ello es necesario eliminar las condiciones que posibilitan que el Estado sea un verdadero botín, como son contratar a familiares apitutados para pagarles sueldos que no conseguirían en otro lado. Queremos tener a las mejores personas en la función pública», sostuvo.
La iniciativa deberá ser analizada por la Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral.
La propuesta plantea que «no podrán ingresar a los cargos en la Administración Pública, quienes tengan la calidad de cónyuge, conviviente civil, hijos, o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, respecto del Presidente de la República, Senadores, Diputados, Gobernadores Regionales, Alcaldes, Concejales, Consejeros Regionales, Delegados presidenciales, Gobernadores, Ministros y Subsecretarios, y cualquier otra autoridad de confianza designada por el gobierno de turno, con excepción de aquellos cargos que son proveídos mediante el Sistema de Alta Dirección Pública regulados por la Ley Nº 19.882».
