La vicepresidenta de la República, Izkia Siches Pastén, presentó en la Plaza de Armas de Maipú la extensión del plan que busca erradicar el comercio informal tanto en la región Metropolitana como en el resto del país. En la instancia, la autoridad no descartó extender el Estado de Excepción a la macrozona norte y rechazó los ataques a Carabineros ocurridos durante el fin de semana.
La estrategia aplicada en Maipú sigue la misma lógica que el copamiento realizado en mayo en el barrio Meiggs de Santiago. Específicamente, durante esta mañana fueron desplegados 23 carros policiales y 139 efectivos, quienes operarán en dos turnos con el objetivo de evitar la reinstalación de los llamados «toldos azules» y del comercio no regulado.
En ese sentido, el alcalde Tomás Vodanovic Escudero detalló que la recuperación de estos espacios constituye uno de los «anhelos más sentidos de la comunidad maipucina».
Durante su intervención, la vicepresidenta de la República destacó la aplicación del plan en barrios emblemáticos de otras ciudades fuera de la capital, como lo son Antofagasta, Valparaíso y Concepción. En ese sentido, Siches Pastén sostuvo que se trata de una medida «esencial para poder avanzar en regiones y comunas más seguras».
Consultada por los siguientes pasos del plan y la posibilidad de intervenir el Paseo Ahumada de Santiago, la autoridad evitó realizar anuncios y se limitó a advertir que «estamos avanzando en los distintos lugares».
Violencia y delitos el Norte
Durante el punto de prensa, Siches se refirió al ataque que recibió la Tenencia de Capitán Pastene durante el fin de semana y a otros hechos de violencia registrados en la macrozona sur.
Respecto de la posibilidad de decretar Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la macrozona norte, otra temática por la que fue consultada; la vicepresidenta sostuvo: «No descartamos ninguno de los instrumentos, pero siempre buscamos objetivos y resultados explícitos». En esa línea, Siches adelantó que el Gobierno espera ingresar durante agosto el proyecto de ley que busca habilitar la expulsión de extranjeros condenados por delitos como robo, hurto o tráfico de drogas.
