Por: Ricardo Norambuena Cleveland, biólogo Marino y coordinador de la Unidad de Servicio Público y Recursos Naturales de COPAS Coastal.
Chile es un país privilegiado al disponer de una superficie marina que supera los 3,6 millones de kilómetros cuadrados que equivalen a más de 4 veces su territorio continental. Por lo tanto, podemos afirmar con toda certeza que Chile es más mar que tierra.
Estos enormes espacios marinos albergan diversos e invaluables ecosistemas que nos entregan bienes y servicios que han sustentado y sustentan importantes actividades socioeconómicas como la pesca, la acuicultura, la navegación, el turismo y la recreación, entre otras. Sin embargo, el antiguo eslogan: “mar, fuente inagotable de recursos” ha quedado obsoleto y está más que demostrado que tanto los bienes/recursos y los servicios ecosistémicos se pueden agotar. Y, algunos, ya se han agotado.
Hace ya más de 40 años que esta preocupación mundial por el estado de conservación de los ecosistemas marinos se plasmó en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (CONVEMAR) que incluye no sólo el acceso a los recursos, sino que obliga a una adecuada gestión y conservación. Desde ese momento histórico se han diseñado y comprometido numerosos y diversos instrumentos internacionales y nacionales, incluyendo el Convenio sobre Biodiversidad Biológica (1993), el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO (1995), y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS (2015). Sin embargo, a nivel mundial, los desembarques pesqueros se mantienen estancados por más de una década. Muchas pesquerías están sobreexplotadas o agotadas desde hace años, enfrentando, además, las amenazas del cambio climático.
En nuestro país, la creciente demanda por el uso de bienes/recursos y servicios ha obligado a establecer múltiples y complejas regulaciones de acceso y uso para actividades de diversos grupos de interés. Asimismo, en las últimas dos décadas se han establecido numerosas y significativas áreas marinas protegidas. Sin embargo, la situación actual de más de la mitad de los recursos pesqueros tradicionalmente relevantes está en condición de sobreexplotación y agotamiento. Y poco o nada sabemos sobre el estatus o condición de otro centenar de recursos que recurrentemente se desembarcan en nuestras costas. Uno de los casos más preocupantes en la última década es la explotación casi sin control de algas pardas en la zona norte de Chile, poniendo en riesgo la sostenibilidad de invaluables ecosistemas marinos.
Por otra parte, la proyección de ocupación de los espacios marinos en Chile está muy cercana al máximo disponible para las actividades con mayor demanda de uso: acuicultura, áreas de manejo, espacios costeros marinos de los pueblos originarios, entre los más relevantes.
La pregunta del millón es ¿cómo enfrentamos el desafío de conservar los bienes y servicios ecosistémicos con el desarrollo económico y social de las comunidades humanas que dependen de ellos?, ¿es posible?, ¿qué falta? Primero, creo que es absolutamente posible, para lo cual primero debemos resolver algunos quiebres claves que impiden avanzar hacia soluciones viables y oportunas. Es imprescindible construir confianzas entre los diversos grupos de interés, sincerando objetivos sectoriales, pero también compartiendo propósitos de bien común en el uso de los espacios marino-costeros. Más temprano que tarde, es imprescindible iniciar procesos de gobernanza participativa/deliberativa a nivel regional/local que implique el reconocimiento de liderazgo público con toma de decisiones reconocidas y validadas por una amplia mayoría de los grupos de interés.
