Este viernes fue efectuado en el Biobío un nuevo Consejo Regional de Seguridad Pública, el que convocó a alcaldes, alcaldesas y diferentes instituciones y servicios del Estado para evaluar y coordinar labores en torno a la prevención del delito. En general, los participantes manifestaron su preocupación, sobre todo, por los delitos de mayor connotación social, el combate del narcotráfico y la situación del comercio ambulante.
La instancia fue presidida por la delegada presidencial regional, Daniela Dresdner, y contó con la presencia del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara; los delegados provinciales del Biobío y Arauco; alcaldes y alcaldesas; y representantes de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, entre otras instituciones.
Al término, el subsecretario Vergara afirmó que en la instancia fue evaluado el trabajo de prevención efectuado durante 2022, lo que permitió conocer «qué es lo que funciona y qué es lo que necesita mejoras» en la región. También fueron priorizadas las áreas que requieren mayor intervención estatal y, finalmente, fue trazada «una hoja de ruta» entre las entidades participantes.
Así, la autoridad central adelantó que, en lo inmediato, se constituirá en la zona una fuerza de tarea centrada en resolver problemáticas como el robo de vehículos.
Consultado por la situación de los municipios no incluidos en el plan Calles Sin Violencia, el subsecretario apuntó que estos podrían formar parte de otras estrategias, como el plan Estado Presente. De todas formas, Vergara enfatizó en que el esfuerzo del Ministerio Público por mejorar la persecución penal y reducir la impunidad posee un carácter «regional».
Las comunas
El alcalde de Concepción y presidente de la Asociación de Municipalidades de la región del Biobío (Amrbb), Álvaro Ortiz, detalló que en el plano zonal fueron priorizados delitos como el robo con violencia, la usurpación de terrenos, el uso de fuegos artificiales, el narcotráfico, la violencia intrafamiliar y el abigeato.
En lo que respecta a los penquistas, Ortiz nombró que son foco de preocupación los aumentos en los robos y en la presencia del comercio ambulante.
En tanto, el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, puso el énfasis en evitar que la delincuencia se traslade desde las comunas priorizadas hacia aquellas no intervenidas a través de los planes de seguridad.
También, definió prioridades a nivel comunal, como son disminuir los «delitos de alta connotación pública», los «disparos en las calles» y el uso de fuegos artificiales.
Por su parte, el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, llamó a ampliar el enfoque del plan Calles Sin Violencia a las conurbaciones, dada la alta movilidad de las bandas de crimen organizado entre las comunas.
Asimismo, adelantó que el municipio que encabeza será incluido en el plan Estado Presente, lo que posibilitará la llegada de «más recursos» para «agilizar procesos de inversión que sean necesarios para la prevención situacional».
Consultado por la situación del comercio ambulante en la comuna, Campos advirtió que dentro del próximo mes será presentado un plan de copamiento municipal, el que, según a su parecer, «requerirá del apoyo del Gobierno» para conseguir resultados
