Aumenta la tensión en el proceso constitucional a días de que comience en las distintas comisiones la votación de las enmiendas presentadas por las consejeras y consejeros al anteproyecto elaborado por la Comisión Experta.
Desde el oficialismo, se ha insistido en la necesidad de alcanzar un «pacto político que dé lugar a una propuesta constitucional para la ciudadanía», mientras que en el Partido Republicano acusan a las bancadas del Partido Comunista y del Frente Amplio de querer «bajarse del proceso» y de «comenzar la campaña para votar en contra en el plebiscito del 17 de diciembre».
Para la consejera Paloma Zúñiga -representante de la Región del Biobío y nueva delegada de la bancada RD, independientes y pueblos originarios-, la idea de una ‘retirada oficialista’ del proceso, como fue planteada por su par republicano Antonio Barchiesi, «no puede estar más alejada de la realidad».
Consultada sobre la actitud que las bancadas de centroizquierda podrían tomar una vez que comiencen a votarse las enmiendas, entendiendo que la derecha cuenta -al menos en el papel- con los apoyos necesarios para la aprobación incluso de los temas más polémicos, Zúñiga recordó que «en el proceso anterior se nos acusó como sector que teníamos todos los votos y aún así no hubo acuerdos transversales».
En este sentido, advirtió que «si no están todas las fuerzas presentes, si no es una Constitución que nos une, yo veo muy difícil que el proceso en general sea fructífero».
La consejera de Revolución Democrática agregó que «somos la segunda fuerza más votada dentro del Consejo, representamos a personas y esas personas no pueden quedar fuera (…) Vamos a hacer todos los esfuerzos hasta el final».
El mayor obstáculo, planteó, «es la metodología y el liderazgo que ha tenido la derecha en este Consejo Constitucional. Es un liderazgo que ha sido un poco difuso y que no nos ha permitido cerrar temas (…) Nosotros queremos acuerdos transversales, cosa que este proceso y este texto nos haga sentir parte a todos y todas».
Finalmente, Paloma Zúñiga reflexionó acerca del interés ciudadano en este proceso, especialmente en la Región del Biobío, zona marcada en la actualidad por escándalos políticos y por los efectos del último sistema frontal. Al respecto, manifestó que «no nos podemos hacer cargo, desde el Consejo Constitucional o yo misma, de toda la crisis política, de la falta de credibilidad de las instituciones, pero sí me puedo hacer cargo de hacer lo mejor que está en mis manos para que estos acuerdos funcionen (…) Como representante de la región, más allá de los colores políticos, he hecho esfuerzos de que lleguemos a acuerdo pensando siempre que Chile va primero».
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