Por 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones, el Senado respaldó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, y su Anexo 1, adoptado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.
La aprobación incluye la “declaración interpretativa” propuesta por la Cámara que apunta a la aplicación del acuerdo en relación al derecho interno; reconoce los avances del país en materia de acceso a la información, participación y acceso a la justicia ambiental, entre otros.
Tras la votación, la Ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, y su par de Medio Ambiente, Maisa Rojas, agradecieron el respaldo entregado por el Senado y valoraron las implicancias que tiene para nuestro país haber aprobado este instrumento internacional, señalando que se trata de una «votación histórica» y un «momento para festejar».
Además, se incluye la primera disposición vinculante en el mundo sobre la protección a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Detalles del acuerdo
La aprobación de este instrumento internacional promueve un proceso de transformación de la institucionalidad ambiental, para que ésta se adecúe a la situación actual de escasez hídrica y crisis climática y a las dinámicas y condiciones sociales, culturales, económicas y ambientales de cada territorio.
Durante el debate los aspectos centrales de la discusión fueron las consecuencias y efectos de la aprobación del Acuerdo; la autoejecutabilidad de sus disposiciones; la relación de la aprobación del Acuerdo con eventuales disputas con países limítrofes, y el plan de implementación y la hoja de ruta.
En este sentido, las dudas advertidas por algunos legisladores dicen relación con los posibles efectos para nuestro país y un irrestricto respeto por la legislación interna.
El senador Jaime Quintana, presidente de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, instancias que estudiaron el texto, realizó un extenso y detallado informe, en el que resaltó que el objetivo del Acuerdo es “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y a la justicia en asuntos ambientales; y crear y fortalecer las capacidades y la cooperación necesarias para su implementación. Lo anterior, con el fin de contribuir a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.
El Acuerdo se abrió a la firma de 33 países de la región el 27 de septiembre de 2018, dando lugar a un plazo de suscripción de 2 años que culminó el 26 de septiembre de 2020. Con posterioridad a esa fecha se encuentra abierto a la adhesión de todos los Estados de la región consignados en su Anexo 1, que no lo hayan firmado. En ese sentido, como nuestro país no lo firmó dentro del citado plazo, corresponde únicamente adherirse a él.
El tratado entró en vigencia el 22 de abril de 2021, al cumplirse las 11 ratificaciones necesarias para ello y, en la actualidad, los Estados Partes suman 12 en la región: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.
