Tras el controvertido aviso de suspensión de suministro emitido por la Compañía General de Electricidad (CGE) a 61 municipios a nivel nacional por el no pago del consumo de electricidad por un periodo superior a los 45 días, los alcaldes de la región del Biobío incluidos en el listado se reunieron con la suministradora para acordar una salida al conflicto. Mientras los jefes comunales alegaron diferencias en los cálculos de los montos adeudados, desde la empresa reconocieron un posible «exceso» en sus procedimientos administrativos al hacer pública la información.

El escándalo llegó a oídos de concejales y diputados, quienes se refirieron a la situación que, a nivel local, afectó a las comunas de Coronel, Penco, Los Ángeles y Concepción. En el caso de estas dos últimas capitales provinciales, los montos superan los $217 millones y los $500 millones, respectivamente.

Por ello, el alcalde penquista y presidente de la Asociación de Municipalidades de la región del Biobío, Álvaro Ortiz Vera, se reunió en compañía de su par chiguayantino con el gerente de la CGE para manifestar sus puntos de disenso. Al término, Ortiz cuestionó a la compañía por su proceder y por el revuelo que generó esta notificación.

 

Montos a revisar

Las conversaciones por las diferencias entre las sumas calculadas por la CGE y los municipios llevan ya varios meses. Ello fue destacado por el jefe comunal penquista, quien advirtió que cumplirán con «lo que corresponda» una vez que sean revisados los antecedentes.

También, se refirió al caso particular de su municipalidad.

Por su parte, el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, clarificó que la entidad «no tiene deudas», sino que «diferencias respecto de un monto que nos señala la compañía», las que vienen siendo planteadas desde 2018. También llamó a los vecinos a mantener «la tranquilidad», dado que la municipalidad no estaría desfinanciada.

En tanto, el gerente regional Zona Sur de la CGE, Oscar Facusse, detalló que la posibilidad de un eventual corte para estas comunas «es nula» dada «la buena disposición de los alcaldes». En esa línea, calificó como «particular» lo ocurrido, dado que históricamente los municipios han sido «buenos pagadores».

No obstante, el representante defendió los montos cobrados por la compañía.

Consultado por la posibilidad de que las informaciones relativas a las deudas fueran filtradas antes de la notificación a los alcaldes, Facusse descartó la idea tajantemente.