A varias semanas de conocer las principales aristas del llamado Caso Convenios, tanto a nivel nacional como en la región del Biobío, son diversas las voces que han intentado explicar una parte de lo sucedido y, al mismo tiempo, entregar orientaciones de cómo subsanar los aspectos críticos del traspaso de recursos públicos.

Si bien se asume que las faltas a la probidad son responsabilidad de cada persona que las comete, la ciudadanía también ha puesto su atención en el rol de las instituciones que, precisamente, deben fiscalizar el cumplimiento de los convenios que originan las transferencias de dinero hacia fundaciones y corporaciones.

En ese sentido, de visita en la Universidad de Concepción para participar de un seminario organizado en conjunto por la UdeC, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y el Consejo para la Transparencia, el director de este último organismo, David Ibaceta, explicó que tienen como desafío vincularse con la comunidad para dar a conocer parte de su trabajo y diferenciarlo, particularmente, del rol de la Contraloría.

Además, Ibaceta relevó que esperan que “en cada uno de los sujetos obligados por la Ley de Transparencia existan espacios funcionales destinados a tratar temas relacionados con el sistema de integridad, como el lobby, las compras públicas o las declaraciones de intereses o patrimonio”.

Eso sí, agregó, “para esos propósitos debe haber un financiamiento adecuado”.

Ibaceta agregó que, considerando los casos conocidos, desde el Congreso se debería avanzar en “legislaciones más robustas que permitan un mayor control y que impidan, en la medida de lo posible, las irregularidades”.

Desde el mundo municipal, el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, se manifestó optimista frente a estas situaciones “propias” de los procesos de crecimiento de los países. Esta oportunidad, señaló, “va a enriquecer la ley y el ejercicio que tiene que llevar a cabo el Consejo para la Transparencia”.

“En la medida en que derruimos los secretos de Estado, estamos haciendo que la democracia madure”, indicó.

En cuanto al “juicio ciudadano”, Rivas sostuvo que espera que la actitud de los chilenos y chilenas no esté instalada sobre los primeros días de una noticia. El alcalde también señaló que en este caso “el bien superior es la descentralización, es decir, no solo otorgar facultades sino también recursos para que los territorios puedan tomar decisiones”.

En una línea similar, el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, sostuvo que es interesante discutir “cómo fortalecer el rol del Estado en la ciudadanía, particularmente en el tema de traspaso de recursos” y detalló que, a diferencia de las asignaciones directas que pueden realizar los gobiernos regionales, las transferencias municipales deben contar con la aprobación de las y los concejales.

En cuanto al trabajo de las instituciones, el alcalde de la comuna puerto sostuvo que “la ciudadanía tiende a cuestionar todo”, sin embargo, señaló que es importante que éstas funcionen, “aunque suene cliché” aclaró, para que las investigaciones avancen.

En esa misma línea, el abogado y académico del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas UdeC, Andrés Cruz, señaló que en estos casos claramente “no hubo mecanismos de control”, principalmente porque muchas de las transferencias fueron hechas de manera directa.

De igual modo, el abogado sostuvo que parte del problema se explica en que “no hay capacidad para realizar una labor preventiva” y solo “hemos visto una reacción de las autoridades a lo descubierto principalmente por los medios de comunicación o por denuncias”.

En cuanto a la vulneración de los sistemas de control actuales, el docente señaló que “las cartas Gantt no han funcionado, y no hay fijación de objetivos precisos en el mediano y corto plazo que tiendan a verificar que estos dineros se hayan utilizado” tal como se propuso.

En tanto, desde la Fundación Huella Local, el Director Nacional de Asuntos Corporativos, Boris Muñoz Alcatruz, indicó que la situación es preocupante y sostuvo que la justicia debe actuar rápido “dado que son recursos que se deben destinar para situaciones de vulnerabilidad social, pobreza o brechas que el mismo sector público va definiendo”.

Muñoz lamentó además que todas aquellas instituciones que colaboran con el Estado, cerca de 300 mil, en total, “de una u otra forma, con o sin transferencias, caigamos en esta mala evaluación”.

Por lo mismo, desde la Fundación han colaborado con la Comisión para la Probidad y la Transparencia, y han tomado medidas proactivas tanto en su sitio web como con sus socios y beneficiarios.

Con todo, cabe recordar que tanto el Ministerio Público como otros organismos del Estado continúan investigando diferentes aristas del Caso Convenios en las distintas regiones donde se han conocido faltas a la probidad.