Un total de 46 propuestas para la probidad y la transparencia fueron entregadas al presidente de la República, luego de que la Comisión para regular la relación entre fundaciones, corporaciones y el Estado recibiera a 42 representantes de organizaciones sociales, la academia y organismos nacionales e internacionales. Dentro de las medidas, destacan la creación de una Ley general de transferencias, la elevación de las exigencias para los traspasos directos y la estipulación de nuevas obligaciones para las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL).

La ceremonia de presentación fue efectuada en el Palacio de La Moneda, y a través de la misma se dio cierre a los 45 días de participación y estudio encabezados por la presidenta de la comisión, María Jaraquemada; en conjunto su secretaria ejecutiva, Valeria Lübbert, y los integrantes del espacio, Ignacio Agüero, Jeannette von Woldersdorff, Ramiro Mendoza e Ignacio Irarrázaval.

En la instancia, Jaraquemada aseguró que el informe busca «realizar propuestas que constituyan una hoja de ruta para el Gobierno (…), pero también para otras entidades del Estado que son parte de la relación con instituciones sin fines de lucro». Para que la implementación de esos lineamientos sea exitosa, la presidenta del órgano asesor afirmó que se deberá contar «con una mirada de largo plazo». 

Relación con el Estado

Las 46 propuestas levantadas se estructuran en torno a seis áreas: tipología y distribución de las IPSFL; formas de relacionamiento de las IPSFL con el Estado; transparencia activa de las IPSFL; gobierno corporativo de las IPSFL; transparencia en organismos del Estado y registros relevantes sobre las IPSFL; y sistemas de control, infracciones y sanciones.

De manera general, resulta relevante la idea de establecer una ley permanente que regule todas las transferencias estatales a entidades con y sin fines de lucro. Dicha normativa, siguiendo a la presidenta de la comisión asesora, debería considerar ciertos «contenidos mínimos», como el establecimiento de la concursabilidad como regla general, del deber de fundamentar ante cualquier asignación directa y aplicar los criterios de supervisión, entre otros.

Lo anterior, de acuerdo con Jaraquemada, aplicaría tanto «al Gobierno central» como a los «municipios, gobiernos regionales y otras entidades del Estado». 

Dentro de ese marco, el conjunto de expertos también consideró necesario perfeccionar la Ley de Presupuestos con el objetivo de reconocer el principio de excepcionalidad de las glosas, para así evitar la modificación de otras normativas permanentes a través de sus determinaciones, o bien, limitar la perpetuación de programas concebidos como temporales.

Transparencia activa

En lo relativo al mejoramiento de los sistemas de información, la comisión asesora no solo propuso crear un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas que cumpla con los estándares del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la OCDE, sino que, además, establecer como portal único para las transferencias públicas el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (Sisrec) de la Contraloría General de la República.

Ambas instancias, aseguró Jaraquemada, deberán ser interoperables.

En cuanto a las IPSFL, se sugiere fijar como la obligación, para aquellas con ingresos superiores a las 2.400 UF anuales, que estas publiquen en sus sitios web sus antecedentes básicos, junto con la información relativa a sus gobiernos corporativos, actividades y formas de financiamiento y gestión.

Dentro de ese mismo ámbito, la comisión propuso integrar a todas las corporaciones municipales al sistema de gestión y control oficial de cada comuna, así como buscar una solución homóloga para las corporaciones regionales.

Infracciones y sanciones

La comisión de probidad también entregó algunas medidas para el perfeccionamiento de los sistemas de control del Estado.

Dentro de las orientadas a las entidades descentralizadas, se planteó exigir a los alcaldes y gobernadores informar y rendir cuentas a sus respectivos consejos respecto de todas sus transferencias, proyectos de inversión e iniciativas, independientemente de sus montos. Junto con ello, se propone reducir a 500 UTM el rango de recursos a partir de cual los gobernadores deben solicitar la aprobación de sus consejos regionales.

Para fortalecer la labor zonal de la Contraloría General de la República, se recomendó otorgar legitimación activa a los contralores regionales, para que estos puedan, a su vez, delegar al Tribunal Electoral Regional (TER) la determinación de la gravedad de las infracciones cometidas por las autoridades electas.

En aquellos casos en que sea comprobada una irregularidad, la comisión liderada por Jaraquemada también propuso un instaurar catálogo de sanciones proporcionales para las IPSLF, que además de cancelar sus personalidades jurídicas, sea capaz de extender multas, amonestaciones, suspensiones y restricciones para la recepción de fondos públicos.

Luego de la presentación, el presidente Gabriel Boric agradeció el trabajo efectuado por los integrantes del espacio, dado que sus recomendaciones permitirán «cuidar la democracia y sus instituciones» y, en última instancia, «combatir la corrupción». Por ello, el mandatario solicitó al mundo político un «apoyo transversal» para poner «en ejecución» dicho conjunto de medidas.

Finalmente, el mandatario tuvo palabras para las irregularidades que dieron origen al Caso Convenios, frente a lo que aseguró que las mismas ya están siendo «investigadas» para «llegar al fondo» y, con ello, «sancionar con rigurosidad a quienes han sido responsables, sean del color político que sean».