Por 66 votos a favor, 54 en contra y 14 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la admisibilidad de la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus.

El libelo había sido presentado transversalmente por diez diputadas y diputados de los comités DC, PPD, PS, FA, PC-FRVS-PAH y Mixto Radical Liberal. Esto por el supuesto incumplimiento significativo y reiterado de los deberes y obligaciones propias de un ministro de la Corte Suprema.

Ante la Sala expuso el diputado Eric Aedo (DC) en representación de los acusadores. El parlamentario por el Distrito 20 de la Provincia de Concepción señaló que las acusaciones constitucionales son siempre un proceso difícil, porque implican que alguien vulneró un mandato de la Constitución, y añadió que las y los legisladores están en “la encrucijada de definir (…) cuál será el estándar de honestidad y transparencia que exigimos, como ciudadanos, a nuestras autoridades. Decidir si esperamos que los altos cargos nos mientan “mucho, poquito, o nada””.

Aedo agregó que el actuar del ministro Matus no es un error, sino que este “decidió mentir de manera reiterada en medios de comunicación (…) que no había comunicaciones por WhatsApp con el señor Hermosilla”.

“Podemos no hacer nada, hacer vista gorda a las faltas a la honestidad y probidad (…) asumiendo falsamente que mientras no nos afecte directamente no hay un daño real”, enfatizó el diputado.

Asimismo, criticó a la defensa por pretender instalar que esta acusación es una persecución política y que socava el estado democrático. “Realizar acciones que contemplan la Constitución y las leyes en ningún caso pueden significar un detrimento de nuestra democracia. Lo que socava el estado de derecho es, precisamente, que un ministro mienta con publicidad y, por tanto, falte a la probidad”, puntualizó.

En representación de Jean Pierre Matus, quien estuvo presente en el hemiciclo, expuso el abogado Luciano Fouillioux. En sus argumentaciones, entregó diversos datos del magistrado, particularmente, los referidos a su carrera profesional. Asimismo, relevó su compromiso con la probidad, como estaría demostrado en diversas acciones al interior del propio Poder Judicial y que constaría en que nunca ha tenido una queja disciplinaria.

Comentó que el notable abandono de deberes es de derecho estricto, tal como ratificaron en la comisión informante todos los constitucionalistas que entregaron su testimonio. Acotó que acá se hace un cargo utilizando un artilugio argumentando una supuesta mentira que no es tal.

El defensor acotó que “me consta que el ministro Matus no ha mentido. No tuvo relación que no fuera profesional con Luis Hermosilla”, sino solo asesoró a este último durante la defensa realizada al entonces ministro Andrés Chadwick.

También recordó que el magistrado nunca desconoció sus conversaciones con Hermosilla y que solo cometió un error respecto del medio en que se realizaron los contactos. Dicho punto lo remarcó el propio Matus en el espacio de la duplica. Por otra parte, ambos resaltaron que el hecho se reconoció tan pronto se le informó que la vía de comunicación fue por chat.

El abogado Fouillioux afirmó que este proceso era una persecución política. Aclaró que Matus presentó –en un acto que es de carácter voluntario– el mayor número de personas inscritas como relacionadas. Y que, en dicho listado no están ni Hermosilla ni Chadwick porque no guarda ninguna relación con ellos. Matus agregó que tampoco hubo intervención de ninguno de ellos en su nombramiento.

Exposiciones parlamentarias

Entre los diputados que intervinieron en esta sesión estuvieron Roberto Arroyo y Leonidas Romero, ambos representantes del Distrito 20.

Arroyo (PSC) recordó que a la Cámara no le corresponde pronunciarse sobre el fondo de la acusación. En cuanto a la procedencia del libelo, si bien es cierto no logra establecer acciones del magistrado sobre alguna causa en particular, sí logra señalar acciones que “carecerían de los niveles éticos que la población espera de los ministros del máximo tribunal del país”.

Por esta razón, argumentó que se debe ser riguroso y “dar una fuerte señal” frente a actos inaceptables por parte de quienes deberían dar garantías a la ciudadanía de la fortaleza de las instituciones.

En tanto, Romero (IND) también manifestó que desde la bancada RN no encontraban argumentos suficientes para acusar al ministro. “Tengo suficientemente claro que debe haber un barrido a toda acción corrupta y contraria a la probidad al interior de las instituciones públicas”. Pero, agregó, es necesario subir los estándares, con el objeto de ser serios, responsables, analizando caso a caso. “Es necesario guardar los equilibrios correspondientes con el propósito de que esto no se vuelva una cacería de brujas”, remarcó.

Senado revisa acusación contra Vivanco y Muñoz

En paralelo, en el Senado se inició la sesión convocada para escuchar la relación, formalización, defensa, réplica y dúplica de las acusaciones constitucionales en contra del juez de la Corte Suprema Sergio Muñoz y de la removida ministra Ángela Vivanco, en sesiones especiales y por separado.

De este modo, en la sesión de la mañana se destinará el tiempo necesario para ver los argumentos a favor y en contra de la acusación constitucional en contra del ministro Sergio Muñoz, mientras que, por la tarde, se hará lo propio con el libelo en contra de la removida ministra, Ángela Vivanco.