Tras una tensa sesión que se extendió por alrededor de 22 horas, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de Ley de Presupuesto 2023 con aumentos en salud, infancia, educación y vivienda, pero también con varias indicaciones y partidas presupuestarias rechazadas. Entre ellas, se encuentran los gastos variables del Ministerio del Interior, lo que fue calificado como «contradictorio» por parte del oficialismo.

Las discusiones comenzaron a eso de las 10:00 de este miércoles y finalizaron alrededor de las 8:00 de este jueves. La instancia sucedió a la efectuada el martes, en la que el Ejecutivo ya había visto negado el aumento de 4% propuesto para tratar la crisis de seguridad. Dicha acción fue apoyada por Chile Vamos bajo el objetivo de «forzar» un aumento de montos para Bomberos y Carabineros de Chile.

El diputado por el distrito N°23, Henry Leal Bizama (UDI), se refirió a aquello.

Además de lamentar ese rechazo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel Cullell, advirtió que los parlamentarios de oposición incluyeron glosas de gasto permanente «evidentemente inconstitucionales» por requerir del patrocinio del Ejecutivo. Por ello, el titular se mostró confiado en el trámite que efectuará el Senado, en el que la partida completa de Interior podría ser repuesta.

Disensos

Uno de los puntos más polémicos de la extensa jornada tuvo lugar este miércoles, cuando Republicanos, UDI y RN propusieron aumentar a $250 mil el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) desde el 1 de enero de 2023. Dicha medida, que se contrapone a los $212 mil estipulados por el Gobierno para el mismo periodo, fue defendida a pesar de su inconstitucionalidad por el diputado por el distrito N°19, Frank Sauerbaum Muñoz (RN).

Fue el propio Marcel quien explicó que los aumentos posteriores estipulados por el Gobierno dependen en gran parte de la aprobación de las reformas tributaria y previsional. Esto, ya que los $212 mil proyectados para el 1 de enero de 2023 «ya requieren un tercio del aumento en el presupuesto nacional, por lo que subirlo implicaría demasiados recursos».

Otra de las acciones de los partidos de derechas fue la de otorgar solo $1 de financiamiento al Museo de la Memoria y al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Ello, a través de una indicación presentada por la diputada por el distrito 4, Sofía Cid Versalovic, quien explicó que el objetivo fue otorgar esos $14 mil millones a temas «que realmente reflejen las necesidades de las personas». 

Tras la deliberación, la directora del INDH, Consuelo Contreras, se mostró «preocupada» por la situación en la que quedarán organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción de la cultura y los derechos humanos, además de iniciativas como el Plan de Búsqueda de DD.DD., cuyo cumplimiento está sujeto a tratados internacionales ya ratificados por nuestro país.

También, fueron rechazados los recursos para personal y asesorías comunicacionales de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), entidad que lleva las vocerías del Ejecutivo. Además, fueron removidos los gastos para la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), la Corporación Nacional Forestal (Conaf), entre otras entidades clave.

Ello fue lamentado por el ministro Marcel, quien detalló los pasos que seguirá el presidente.

Los aumentos

Dentro de lo positivo, entre el lunes y el jueves se aprobaron 31 partidas presupuestarias. En salud, por ejemplo, fueron ratificados varios acuerdos, como dejar en $12 millones los recursos totales para el área, lo que permitirá elevar el gasto per cápita de Atención Primaria de Salud (APS) desde los actuales $9.168 a $10.000, invertir $6 mil 200 millones en el mejoramiento de la infraestructura del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, entre otras acciones.

También, fueron visadas las partidas destinadas a los ministerios de Ciencia, Mujer y Equidad de Género, Deporte, Trabajo, Medio Ambiente, Energía, Transportes y Telecomunicaciones, Vivienda y Urbanismo y Educación. En esta esta última, se apoyó aumentar la billetera fiscal destinada a la infraestructura educacional, con $156 mil millones de inversión; a la gratuidad en el nivel superior; a las becas de Alimentación para la Educación Superior (BAES); y a los programas de Alimentación Escolar, convivencia y salud mental.

A ello, se suman las partidas correspondientes a la Presidencia de la República (+1,1%), el Congreso Nacional (+5%) y la Contraloría General de la República (+2,6%).

Bajada regional

A nivel regional, el proyecto de ley de Presupuesto 2023 se estructura en torno a los ejes de seguridad económica, ciudadana y social. Según explicó el seremi de Gobierno, Eduardo Vivanco González, en el primer caso se contempla «un aumento del gasto total en inversión pública de 5,5%» respecto de lo dispuesto para 2022, lo que permitirá controlar la presión inflacionaria a través de la generación de empleos directos. En los dos ítems restantes, los de orden público y seguridad social, los incrementos serán de «un 4,4 y un 8%», respectivamente.

A pesar de reconocer los avances, el vocero llamó al Senado a acoger las indicaciones que serán presentadas, para que el presupuesto sea aprobado «en la línea que el Gobierno ha propuesto».