La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una nueva solicitud del Presidente de la República para prorrogar el estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur.
La medida afecta a la región de La Araucanía y a las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío. Como en ocasiones anteriores, se fundamenta en la permanencia de hechos de violencia en la macrozona.
La solicitud es la cuarta que plantea el Presidente de la República al Congreso. Tiene su base en las normas constitucionales (art. 42) que mandata el acuerdo del Parlamento para la extensión de un EECE, una vez que este ya ha sido dictado a través de un decreto y prolongado una vez, por la misma vía.
Hay que recordar que el Gobierno declaró el estado de excepción el 16 de mayo de este año (decreto 189). Después, lo extendió por medio del decreto 199, del 27 de mayo, por otros 15 días. Seguidamente, recurrió al Congreso para extender su aplicación, lo que se materializó en tres nuevos decretos (214, 219 y 223). La vigencia del último de ellos, cuya solicitud se aprobó en la Cámara el 13 de julio, vencerá este sábado 30.
Gobierno
En la sesión, la ministra del Interior, Izkia Siches, recordó que el problema viene desde antes del actual Gobierno. En tal plano, apeló a que no es posible dar soluciones inmediatas, pero sí tener la voluntad de avanzar. Así, expresó la voluntad del Ejecutivo de hacerse cargo de los problemas y de dialogar. Asimismo, para coordinar con los distintos representantes del Estado, las policías, Fiscalía y FFAA estrategias policiales y políticas.
Sostuvo que el programa de inversión está vigente (decreto 1101) e implica $5.500 millones destinados para reforzar la seguridad de la zona. En este marco están la compra de vehículos blindados, cámaras, drones, etc. Acotó que se avanza en las licitaciones de las compras respectivas.
Respecto de los logros alcanzados con el EECE, dijo que se ha trabajado en el despliegue y controles preventivos (más de 53 mil controles). También, informó sobre la detención de más de 88 personas por robo de madera. Igualmente, la PDI desarticuló una banda criminal a la que se le adjudica la quema de más de cinco camiones. Junto a lo anterior, destacó la reducción de los hechos de violencia, usurpaciones y personas lesionadas.
Por otra parte, comunicó que se está trabajando en 1.132 proyectos de inversión; se constituyeron consejos frente al crimen organizado; se están mejorando las capacidades de la ANI; y se entregaron 751 hectáreas en el plan de restitución de tierras a los pueblos originarios.
