La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, por 138 votos a favor y 2 en contra, las observaciones formuladas por el Presidente Gabriel Boric al proyecto que establece la próxima elección municipal y regional en dos días.
Tras esta aprobación, el proyecto se remitió al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República.
Las observaciones correspondieron a un veto sustitutivo, tres supresivos y tres aditivos. A través de ellos, se cambia, eliminan y agregan aspectos considerados claves para la correcta aplicación de la norma.
Al respecto, Álvaro Elizalde, ministro de la Secretaría General de la Presidencia, valoró el “apoyo transversal que ha tenido en la votación de la Cámara de DAIPUTADOS (…) de manera que se acoge la propuesta para restablecer el feriado especial para los trabajadores del comercio y aplicar una sanción”, esto último en caso de incumplir con el sufragio.
El ministro explicó se estableció “un ajuste a la baja del aporte a candidatos por los votos obtenidos, toda vez que se proyecta una mayor participación, como ha sido en el caso del voto obligatorio que se aplicó en el proceso constituyente. Como razón de lo anterior, aumenta el número de electores que van a concurrir a las urnas”.
Si bien el respaldo a la iniciativa fue transversal, el debate estuvo marcado por la eventual conveniencia electoral que podría tener la norma.
Con respecto a los trabajadores del comercio, Elizalde explicó que “el Congreso había aprobado la derogación de una norma excepcional que establece que en los días de elecciones, los trabajadores del comercio, que corresponden a un mismo establecimiento o persona jurídica, no abren. Esa es la regla que estaba vigente hasta el inicio de la tramitación de esta iniciativa. El Congreso Nacional había derogado esa norma. El Presidente de la República, a través de su veto, lo que hace es eliminar la derogación, es decir, reponer la norma original, que es la que consagra que, al día de la elección, estos establecimientos no realizan sus funciones”.
La sanción por voto obligatorio se fijó en 0,5 UTM, es decir $33 mil para quienes no acudan a las urnas.
Parlamentarios oficialistas sostuvieron que con el veto se busca fortalecer la democracia, al enmendar falencias como la restitución de las multas para quienes no voten, o la reposición del feriado irrenunciable para los trabajadores, medida necesaria para proteger los derechos laborales.
En la oposición, en tanto, se señaló que, si bien el veto en teoría busca respetar la voluntad popular, no se hace cargo completamente de una eventual manipulación electoral. Lo anterior porque, entre otros aspectos, resulta insuficiente fijar la multa en su rango mínimo, pues ello desincentiva la participación ciudadana.
En Nuestra Pauta conversamos con el ministro Álvaro Elizalde sobre este tema. Escucha aquí la entrevista:
