Trece votaciones en particular relativas al proyecto de ley que regula el delito de ocupación ilegal de inmuebles fueron efectuadas durante este martes en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que derivó en la aprobación de la normativa casi sin modificaciones y con los artículos que habilitarían la polémica «autotutela». Lo anterior, luego del rechazo de la mayor parte de las indicaciones presentadas por el oficialismo, el que desde ya aseguró que recurrirá a todas las instancias dentro y fuera del Congreso para mejorar el cuerpo legal, que ingresa a su tercer trámite constitucional en el Senado.
El proyecto no estaba en la tabla para esta semana, pero tras una reunión de comités efectuada este lunes, fue finalmente incluido.
Respecto de la problemática que dio origen al debate, el diputado por el distrito N°1 de Arica y Parinacota, Vlado Mirosevic (PL), sostuvo ante la Sala que existe preocupación por el surgimiento de «bandas organizadas que se dedican a la venta de terrenos tomados» y a engañar a «familias que no tienen mayor información». Por lo mismo, recordó que ya se discute en el Senado un proyecto para aumentar las penas para el delito de loteo irregular, norma que, a su parecer, avanza «de una mejor manera» que la ley de usurpaciones en discusión.
Asimismo, el parlamentario manifestó su disposición en contra de las indicaciones que establecen «una legítima defensa privilegiada», en tanto que conducirían a «un enfrentamiento sangriento entre particulares».
Los argumentos
El hemiciclo también ofreció minutos a los planteamientos del diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, quien expresó que el proyecto de ley «en ningún momento (…) está autorizando a contratar a personas para utilizar armas» y expulsar a otras de una ocupación ilegal. Por ello, emplazó tanto a la vicepresidenta de la Cámara Baja como a su par, Vlado Mirosevic, por sus dichos en contra de la legítima defensa privilegiada.
De la misma manera, el diputado republicano por el distrito N°17 de la región de Maule, Benjamín Moreno, argumentó en favor del autotutelaje que «cuando el Estado falla, el ciudadano tiene el derecho a su defensa».
En respuesta a los emplazamientos de la oposición, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, enfatizó en que el proyecto «no tiene nada que ver con la legítima defensa normal que existe en todos los delitos», en tanto que habilitaría a los propietarios a actuar «en cualquier momento» y a preparar intervenciones «con días, semanas e incluso meses» de antelación.
También, la secretaria de Estado aseguró que las indicaciones para el autotutelaje no solo permitirían la defensa de terceros a través de la contratación de personas, sino que también la actuación de los mismos bajo «cualquier medio» y «tipo de violencia».
Las votaciones
Los alegatos del Gobierno no tuvieron eco en la Cámara, por lo que el artículo relacionado con la legítima defensa privilegiada fue aprobado en particular con 73 votos a favor, 63 en contra y cinco abstenciones.
De manera similar, la Sala rechazó por 41 votos a favor, 76 en contra y cinco abstenciones la renovada indicación del Ejecutivo que buscaban establecer «una pena de presidio menor en su grado mínimo y una multa de once a veinte unidades tributarias» para quienes ocuparen un inmueble con violencia o intimidación, o bien, repelieren al «legítimo poseedor o tenedor». Misma suerte corrió la propuesta de multar con «seis a diez UTM» a quienes efectúen tomas de manera pacífica, ya que solo alcanzó 54 votos a favor en la Sala.
A solicitud de la diputada Alejandra Placencia, también fue renovada la indicación que buscaba tener en «especial consideración la situación de precariedad socioeconómica del imputado a efectos de determinar la realidad o peligro inminente del mal que se trata de evitar». Sin embargo, resultó rechazada por 53 votos a favor, 72 en contra y 16 abstenciones.
En lo positivo, el Ejecutivo logró sacar adelante el artículo transitorio que buscaba evitar la detención de quienes ocupen espacios incluidos «en el Catastro Nacional de Campamentos elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo».
Terminada la sesión, el jefe de la bancada de diputados comunistas, Luis Cuello, afirmó que hay disposición de «recurrir al Tribunal Constitucional» si el proyecto de ley es aprobado con aquellos artículos que «promueven la autotutela».
