El delegado presidencial, Patricio Kuhn, y la seremi del Trabajo y Previsión Social, Sintia Leyton, acompañaron a la directora regional (s) del Trabajo Carmen Gloria Araneda y funcionarios del organismo, durante un recorrido por locales del centro de Concepción para verificar digitalmente y fiscalizar la contratación del Seguro Covid-19 para los trabajadores, por parte de los empleadores.
Las autoridades visitaron distintos establecimientos comerciales para verificar de manera digital, con el carnet de identidad de los trabajadores, que el Seguro Covid-19 estuviera efectivamente contratado y vigente.
Este Seguro Covid-19 aplica para todos los trabajadores del sector privado con contrato de trabajo, sea que coticen en Fonasa o Isapre, y tiene por objeto financiar o reembolsar los gastos de hospitalización y rehabilitación en caso de contagio de Covid-19 y considera también una indemnización en caso de fallecimiento de 180 UF.
Patricio Kuhn recalcó que este seguro «permite en el caso de contraer la enfermedad, cubrir todos los gastos hospitalarios y también cubrir todo lo que significa la recuperación, además de un seguro de vida que está asociado».
La seremi Sintia Leyton, en tanto, detalló que «en el caso de que un empleador no cubra a sus trabajadores con este seguro, arriesga no solamente multas de acuerdo con el Código del Trabajo, sino que también le correspondería pagar todos los gastos médicos y salud por contagio de sus trabajadores».
En esta línea, la directora regional (s) del Trabajo, Carmen Gloria Araneda, precisó que las multas a las que se arriesgan los empleadores por no tener contratado el seguro Covid-19 van de las 10 UTM a las 60 UTM, según la cantidad de trabajadores que tenga la empresa.
De acuerdo con los datos oficiales, durante 2021 se han efectuado alrededor de 350 fiscalizaciones en la Dirección del Trabajo en toda la región del Biobío, entre las preventivas y las que han respondido a denuncias de los trabajadores. De estas fiscalizaciones, el 22% termina con infracción.
Seguro individual obligatorio
La Ley 21.342, que dispone de medidas para el retorno gradual al trabajo presencial en el contexto de la pandemia por Covid-19, es la que establece un Seguro Individual Obligatorio de Salud, en favor de los trabajadores que estén desarrollando sus labores de manera presencial o semipresencial.
Este seguro financia o reembolsa los gastos asociados a hospitalización, rehabilitación y fallecimiento producto del Covid-19. Lo anterior es la cobertura mínima que establece la Ley, no obstante, las compañías que ofrecen el seguro pueden aumentar dicha cobertura.
Además, se establece una responsabilidad por la no contratación del mismo, donde se hace responsable al empleador del pago de las sumas que le habría correspondido cubrir al asegurador, además de las sanciones y multas que correspondan según el Código del Trabajo.
