En los últimos años la provincia de Concepción ha incrementado sus niveles de congestión vehicular, debido al aumento del flujo de camiones y de autos particulares que se desplazan entre las comunas de Talcahuano, Hualpén, Concepción y San Pedro de la Paz, y hacia los puertos aledaños. Ante esto, las autoridades locales y de gobierno tomaron la decisión de mejorar la infraestructura vial en los sectores afectados para mitigar los tacos, mejorar la circulación hacia las zonas industriales, descongestionar la ruta 160 y Avenida Pedro Aguirre Cerda. Es entonces cuando el proyecto de Puente Industrial surgía como una obra imperativa desde la perspectiva de la planificación regional, siendo incluida en el Plan de Obras Públicas para el Gran Concepción desde diciembre del 2006.
Muchos años han pasado y la iniciativa ha estado marcada por varios momentos en los que las organizaciones detractoras han intentado ponerle freno. Una de las últimas acciones se registró a comienzos de este mes, cuando un grupo de ambientalistas interpuso un recurso de reclamación ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, exigiendo que se investiguen presuntas incumplimientos a la Resolución de Calificación Ambiental.
Nohad Escares, integrante del equipo jurídico de la ONG Defensa Ambiental y de la Campaña No al Puente Industrial, conversó con Radio UdeC y expuso los motivos por lo que el Puente Industrial ha sumado rechazo por parte de la ciudadanía, explicando que tiene que ver, principalmente, «con las afectaciones que están asociadas a su construcción».
En lo que respecta a la última medida judicial presentada, Escares explicó que «esta reclamación está bajo el contexto de otra que se interpuso en 2019 ante el Comité de Ministros, y se resolvió rechazarla y, por eso, interpusimos una nueva ante tribunales ambientales».
«Es un proceso largo y esperamos que, probablemente el próximo año sea resuelto», explicó la ambientalista al ser consultada cuándo podría haber una respuesta al recurso interpuesto, agregando que «lo que causa mucho interés es que nosotros además solicitamos una medida cautelar de paralización total de obras por todas las situaciones ocurridas últimamente, lo que se refiere a los hallazgos de restos bioantropológicos, con fecha 26 de octubre, y por las afectaciones a los humedales por la primera etapa de construcción del proyecto, donde están haciendo todas las excavaciones y la preparación de las faenas».
Finalmente, la activista expuso que si el recurso obtiene una respuesta favorable, podría frenarse el proyecto, porque «al igual que en el caso de GNL son susceptibles de recursos de casación, entonces, después puede llegar a ser visto por la Corte Suprema. Son procesos largos, pero que están tendientes a la anulación de la Resolución de Calificación Ambiental, que eso es lo que pretendemos».
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