Lebu, en su calidad de capital de la Provincia de Arauco, ha sido uno de los rostros de una zona que por años ha llevado el triste calificativo de rezago. Con poco más de 26 mil habitantes, esta semana fue titular en la prensa, cuando un grupo de comuneros protagonizó una toma en el municipio, como señal de respaldo a los presos mapuche condenados a 20 años de cárcel por el homicidio de un hombre en Contulmo.
De allí en adelante, la historia parece conocida: otra vez los actos de violencia le ponen leña al fuego a un conflicto instalado hace décadas en la llamada Macrozona Sur, intensificando una crisis donde la respuesta parece aún esquiva.
El alcalde de Lebu y presidente de la Asociación Arauco 7, Cristián Peña, observa el escenario desde primera fila. Tras ser testigo de varios años de estrategias fallidas, manifiesta que «esperamos que al Gobierno le vaya bien en una situación que todos debemos colaborar», reflexionando que «lo único que me pone un poco más tranquilo es toda la atención que se le ha dado al conflicto en estas tres semanas, en que se ha hablado mucho más que en los últimos diez años».
El pasado 26 de marzo, y después de seis meses de haber sido decretado por el exgobierno de Sebastián Piñera, terminó el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en cuatro provincias pertenecientes a las regiones de La Araucanía y Biobío.
En palabras de Peña, esta medida «tampoco resultó. Puede que haya significado para algunos una sensación de mayor tranquilidad, pero no acabó con el problema, porque -insisto- por sí sola la fuerza no es efectiva».
«El hecho de que el subsecretario del Interior tenga el conocimiento del territorio, genera que pueda hacer un diagnóstico mucho más apegado a la realidad», sostuvo el líder de Arauco 7, aludiendo al aporte que realizaría Manuel Monsalve, considerando que desde 2006 tiene experiencia parlamentaria representando a comunas de la zona donde está concentrada la problemática.
En esa línea, el jefe comunal de Lebu proyectó que las acciones deberían acentuarse en materias como seguridad, policías equipadas con más tecnologías, reformar políticas públicas y diálogo con quienes corresponda, explicitando que hasta ahora, el conflicto no ha sido prioridad para ningún gobierno.
«Hay comunidades que viven en paz, que tienen carencias, que son muy pobres, que tienen legítimas demandas, y con ellas jamás se ha conversado, porque se ha cuestionado el diálogo o sólo se ha traído fuerza para el territorio», remató la autoridad.
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