«Sin seguridad, no se puede ejercer ningún otro de los derechos y libertades fundamentales que se encuentran garantizadas en los tratados internacionales de derechos humanos y en nuestra Constitución vigente», planteó Andrés Cruz, abogado y académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UdeC al ser consultado por la compleja situación del país en esta materia.
Para que las instituciones del Estado puedan dar respuesta a un desafío de esta magnitud, sostuvo el profesional, «hay que asumir que esto no es un problema que surge de manera espontánea, sino que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, que tenemos una legislación que lamentablemente no se ha puesto al día para enfrentar la nueva dinámica delictual, completamente distinta a la que teníamos con antelación».
Crítica al «populismo penal»
Cruz lamentó la discusión «pobre y precipitada» en el Congreso a propósito de iniciativas como la ley Naín-Retamal y manifestó su preocupación en dos aspectos: en primer lugar, que la legítima defensa de los funcionarios de Carabineros y del personal de las FF.AA. que desempeña funciones de orden público ya estaban consideradas en el Código de Justicia Militar y en el DFL que entrega las atribuciones de policía de frontera al Ejército.
Además, sostuvo que la calidad de «imputado» garantiza derechos como el acceso a los antecedentes de la investigación, a guardar silencio o a designar un abogado de confianza, con lo que no cuentan quienes son citados como «testigo».
A partir de esto, reiteró el llamado a evitar «reacciones que generan un impacto comunicacional bastante grande, pero que en términos efectivos no solucionan la problemática».
No obstante, valoró dos aspectos de la nueva normativa, como la incorporación de funcionarios de la PDI y de Gendarmería; y la claridad respecto de la situación de los efectivos policiales en el marco de las investigaciones internas.
Más allá de la discusión sobre respaldar a las policías, afirmó que es el momento para lograr que estas instituciones se actualicen, dejando de lado «traumas, ideologías y aprovechamiento político».
Falencias del sistema
Entre los elementos que han agravado la situación en materia de seguridad, Andrés Cruz mencionó la falta de un «sistema de inteligencia integrado que permita anticiparnos, por ejemplo, a la proliferación de armas de fuego (…) La Agencia Nacional de Inteligencia no está cumpliendo el rol que tenía asignado».
También planteó entre otras preocupaciones la competencia interna entre las policías, la falta de coordinación entre el Ministerio Público y las policías, el rol de instituciones como el Registro Civil y la ausencia de evidencia a la hora de tomar decisiones.
Estos elementos, en conjunto, han generado un escenario en que «estamos ciegos, dando palos sin que tengamos claridad en torno a si las soluciones que ofrecemos son las adecuadas, más allá de acallar o tratar de satisfacer a las redes sociales».
«Criterio Valencia»
Finalmente, Cruz comentó el anuncio efectuado por el Fiscal Nacional Ángel Valencia respecto a que el Ministerio Público solicitará prisión preventiva para todos los extranjeros indocumentados que sean detenidos.
El académico aseguró no compartir este criterio, ya que «estigmatiza a un sector de la población (…) No todos los migrantes cometen delitos, hay un porcentaje muy bajo de migrantes que incurren en la comisión de hechos punibles, la mayoría siguen siendo nacionales».
Asimismo, sostuvo que «los Tribunales de Justicia no están para adoptar decisiones de política criminal, tienen que velar para que la investigación que se desarrolla no vulnere los derechos fundamentales que todos y todas tenemos».
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