Después del 11 de septiembre de 1973, la Junta Militar presidida por el general Augusto Pinochet, cometió sistemáticas violaciones a los derechos humanos y, en ese complejo escenario, surgieron diversas organizaciones de defensa, que denunciaron los hechos, manifestaron su solidaridad hacia las personas perseguidas y sus familiares, y estructuraron una red de apoyo.
La primera institución que se dedicó a esta labor fue el Comité de Cooperación para la Paz en Chile (1973-1975). Este organismo ecuménico, integrado por las iglesias cristianas, fue creado para proteger la vida y la integridad física de los perseguidos políticos; tarea que desarrolló hasta 1975 cuando, por órdenes directas de Augusto Pinochet, debió ser disuelto. Sin embargo, en 1976, el Arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez creó la Vicaría de la Solidaridad (1976-1992), institución ligada a la iglesia Católica y continuadora del trabajo del Comité.
Martita Wörner Tapia, quien trabajó en esta institución como directora ejecutiva de la Pastoral de DD.HH del Arzobispado de Concepción, participó en un seminario organizado por el Departamento de Historia y Filosofía del Derecho UdeC, en el que abordó el rol de los abogados y abogadas de la Vicaría, durante la dictadura chilena.
Durante sus 16 años de existencia, la Vicaría se dedicó a otorgar asistencia jurídica, económica, técnica y espiritual a las personas perseguidas por el régimen militar, además de defender sus vidas y buscar la libertad de los detenidos.
Wörner, quien se desempeñó como subsecretaria de Justicia durante 3 años en el gobierno del Presidente Patricio Aylwin, recordó que la Vicaría se dedicó a recopilar información sobre torturas, muertes y desapariciones, hechos que se denunciaban en informes mensuales y presentaciones como cartillas, libros y la revista Solidaridad.
A través del relato de la también exdiputada por el Biobío se refleja que el permanente respaldo nacional e internacional permitió que la Vicaría de la Solidaridad sobreviviera a la presión y realizara su trabajo durante todo el período de la dictadura.
En 1992, y tras la llegada de la democracia, la entidad terminó sus funciones, dando paso a la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, organismo encargado de resguardar la información del trabajo realizado.
