Comenzó el lunes 14 de octubre de 2019 con las primeras evasiones masivas en contra del alza de la tarifa del Metro de Santiago, cuando diversos grupos de estudiantes interrumpieron en repetidas ocasiones el funcionamiento de sus líneas 1 y 5, lo que provocó el cierre temporal de cinco estaciones. Las imágenes que dejó esa jornada recorrieron la capital, y durante los días siguientes, las manifestaciones se volvieron cada vez más profusas.
El descontento estudiantil, protagonista de las movilizaciones acaecidas durante las últimas décadas, fue entonces acompañado por la destrucción de infraestructura pública, lo que junto con el desproporcionado accionar policial, agudizó la crisis y selló las condiciones para el inicio de la revuelta popular del 18 de octubre. Solo un día después, cuando el levantamiento se extendía por ciudades como Valparaíso, Talca y Temuco, la protesta llegó a Concepción.
Bajo un clima nuboso, más de un millar de individuos levantaron barricadas ese mismo sábado 19 de octubre en las principales arterias de la capital penquista, lo que enfrentó por primera vez a carabineros y encapuchados en la Plaza René Schneider. Al término de la jornada, las autoridades reportaron ataques a farmacias, outlets y grandes cadenas en Coronel, San Pedro de la Paz, Hualpén y Talcahuano. Por ello, decretaron, a eso de las 22:15 horas de ese 19 de octubre, Estado de Emergencia para la provincia de Concepción. Lo que vino, estuvo marcado por el desgaste y la violencia.
Para Guido Hernández, vocero de la coordinadora provincial de Concepción de No+AFP, este hito representa el cansancio del pueblo por los atropellos y las demandas que no habían tenido respuesta por parte de la clase política y la élite. En su lectura, la revuelta popular marca un antes y un después en la comprensión de la Constitución y en la recuperación de los derechos sociales conculcados en dictadura.
Si bien el vocero provincial de No+AFP considera que la pandemia aletargó estas movilizaciones, a su parecer esto no ha terminado, dado que queda trabajo pendiente en el camino hacia la Nueva Constitución. “Personalmente, tengo toda mi confianza en la Convención Constitucional, pero es importante decir que el nuevo presidente y el Congreso deben respaldar lo resuelto en ella. Debemos terminar con el Estado subsidiario, para avanzar hacia uno de derechos garantizados”, fueron sus palabras.
Un análisis similar comparte el Dr. Manuel Antonio Baeza, académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Concepción, quien plantea que las movilizaciones sociales tienen altos y bajos, por lo que la situación actual se debe caracterizar más bien por el estado de las expectativas.
De acuerdo con Baeza, el que comience a redactarse una nueva Constitución Política del Estado es un hecho sin precedentes, cuya relevancia debe ser ponderada dado su carácter inédito a nivel mundial. Por lo mismo, explicó que la presión que existe en torno al proceso es muy grande, porque no solo están en juego las condiciones más elementales de la vida social y la legitimidad de las instituciones, sino que también hay una disputa en el campo simbólico por el reconocimiento de todos y todas.
Visibilización pendiente
Un punto de vista relevante respecto de lo ocurrido en octubre de 2019 es el planteado por la abogada, académica y directora del programa Foro Constituyente UdeC, la Dra. Ximena Gauché, quien sostiene que este acontecimiento debe observarse en relación con otras tendencias sociales que venían desarrollándose en el país, como la revolución pingüina de 2006, el movimiento estudiantil de 2011, el movimiento feminista de 2017, entre otros. A su juicio, lo planteado a través de dichos procesos puso en evidencia ante la agenda pública la gran cantidad de temas en los cuales el modelo institucional, social, económico y jurídico posee fisuras, las que generan desigualdades estructurales para ciertos grupos de la población.
En la actualidad, y según explica, como el modelo permanece, también persisten los ánimos de cambio, y el mejor reflejo de ello es la Convención Constitucional.
Es por lo anterior que Gauché espera que el marco constitucional que está surgiendo posea una mirada amplia e inclusiva de la igualdad y la no discriminación, y que además favorezca el reconocimiento de todas las identidades y orientaciones.
Por último, la directora del programa Foro Constituyente UdeC sostuvo que sería interesante que los cambios no solo sean normativos, sino que también en lo social. Ello implica, por ejemplo, que la paridad no solo sea implementada de manera puntual dentro de la Convención Constitucional, sino que esa mirada también se refleje en la nueva institucionalidad.
La atención y las esperanzas estarán puestas en el trabajo que durante los próximos meses desarrollarán los representantes al interior de la Convención Constitucional. Ello, sin duda, podría cambiar el significado de esta conmemoración.
