La solicitud de implementación de una serie de medidas destinadas a resolver la precariedad laboral, como resultado de la jornada de reflexión convocada por la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), volvió a tensionar la relación entre estos profesionales y la Fiscalía Nacional.
Las conclusiones del encuentro fueron plasmadas en un documento que, entre sus aspectos principales, manifiesta la preocupación por extensas jornadas laborales de los fiscales, entre persecución penal y labores administrativas, que impiden una correcta atención a las víctimas; la falta de compensación por trabajo nocturno, de fines de semana y festivos; la incorporación de los imputados a la Encuesta de Satisfacción de Usuarios y el desempeño de la Directora Ejecutiva Nacional, Francisca Werth.
Junto con exigir la renuncia inmediata de Werth y la anulación de los puntos cuestionados de la encuesta, la agrupación gremial presentó propuestas como limitar la cantidad de causas que cada fiscal investiga al año (200 en delitos sexuales y en delitos violentos y 300 en violencia intrafamiliar), brindar a cada persecutor el apoyo de un abogado asistente y de un gestor, fortalecer el cumplimiento del Estatuto Administrativo y desarrollar una política comunicacional efectiva que acerque el rol del Ministerio Público y de los fiscales a la ciudadanía.
Tras conocer este petitorio, el Consejo General de Fiscales -integrado por el Fiscal Nacional Jorge Abbott y los fiscales regionales- manifestó a través de una declaración pública, su “categórico rechazo”, calificando el tono y contenido como “irrespetuoso, inapropiado e irresponsable” y criticando además la “falta de prudencia y juicio de realidad”.
La vocera del Consejo General, Javiera López, profundizó en la respuesta a estas demandas consideradas “desconcertantes”.
Por su parte, Claudio Uribe, presidente de la ANF, lamentó que la respuesta del Consejo General apunte al tono y no a los temas planteados por la Asociación. En este sentido, indicó que aspectos como el incumplimiento de las normas legales relativas al derecho al descanso, la carencia de medios para que los fiscales realicen adecuadamente su labor o la asignación de recursos para medir la satisfacción de usuario de los imputados, “ameritan un debate y conversación que no ha llegado”.
Finalmente, desde la Asociación Nacional de Fiscales señalaron que seguirán buscando soluciones a sus demandas y que esperan que estas sean consideradas en su mérito.
