Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, enviar oficios a la autoridad, solicitar informes a institutos de investigación, levantar datos desde las descargas de nuestras empresas socias y alertar a la opinión pública y medios de comunicación que hoy se está destruyendo la sardina porque se está pescando un recurso que no debería estar siendo sacado del agua por ser muy pequeño. La cantidad de individuos que se está capturando triplica lo que se debería pescar en condiciones normales para cumplir la cuota. Nuestra última esperanza fue recurrir a los Tribunales para que ojalá sea la justicia la que detenga este grave retroceso ambiental y obligue a las autoridades pesqueras a proteger los recursos de todos los chilenos y no ignorar los antecedentes técnicos que se han puesto a disposición”.

Así explicó la presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda Godoy, el recurso de protección ingresado en la Corte de Apelaciones de Concepción en contra del ministro de Economía, Nicolás Grau Veloso, para que decrete una veda biológica que detenga la destrucción de este valioso recurso pesquero.

Desde el gremio aseguran que el ministro de Economía tiene la potestad para dictar una medida de este tipo porque es la autoridad máxima de la administración pesquera en Chile, pues de él depende la Subsecretaría y el Servicio Nacional de Pesca.

La figura jurídica en la que se basa la acción judicial es la “ausencia de actuación de la autoridad”, pues ante la evidencia entregada y disponible y ante la urgencia de revisar los antecedentes y tomar medidas, “la autoridad literalmente lleva semanas mirando para el lado, sin dar respuestas, permitiendo la captura de un recurso pesquero clave en la Región del Biobío al cual se le ha infligido un daño muy grave que comprometerá su futuro de mediano plazo, incluso su agotamiento lo que traerá graves consecuencias sociales y económicas en las próximas temporadas de pesca”, señaló la dirigenta.

La gerenta de Sustentabilidad de Pescadores Industriales del Biobío, Monserrat Jamett Leiva, al conocer el informe del Instituto de Investigación Pesquera que definió como “crítico” el estado actual del recurso sardina, señaló que “nos encontramos procesando pescados que no han madurado, que no han logrado reproducirse y cuya calidad genera bajos rendimientos económicos y negativos efectos ambientales en las comunidades. Un verdadero desastre, pues literalmente es pan para hoy y hambre para mañana”.

Macarena Cepeda pidió a la Corte actuar con la mayor celeridad posible, pues estamos frente a una real urgencia y una situación crítica para la sustentabilidad del recurso, cada día que pasa este atentado ambiental crece, aumentando el daño y el tiempo en que este recurso tardará en recuperarse.

Alertamos que las comunas de Talcahuano y Coronel sufrirán el próximo año un gran problema social y económico ante lo que hoy estamos viendo. Habrá menos pesca y menos trabajo para todos”.

Por último, la dirigente gremial dijo que le llama profundamente la atención el rotundo silencio de las ONG ambientalistas frente a la inacción del Gobierno y ante el daño que se le está haciendo a los recursos pesqueros.

Cuando se trata de proteger los recursos pesqueros y la sostenibilidad del ecosistema pesquero nadie debe restarse, por ello hacemos un llamado a la sociedad civil representado por las ONG’s que señalan defender el mar y sus ecosistemas a levantar la voz y presionar para que el Gobierno actúe en favor de la protección del medioambiente”, concluyó.

Por su parte, y de visita en Concepción para liderar una nueva sesión del Gabinete ProCrecimiento y Empleo en la región del Biobío, el ministro de Economía, Nicolás Grau, se refirió a la votación de la Ley de Fraccionamiento, derivada de la Ley de Pesca, y que esta última semana sufrió algunas demoras en su tramitación.

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Además, en cuanto al recurso de amparo presentado en su contra y la marcha que realizaron pescadores industriales en Concepción este viernes, Grau señaló que “lo más importante es que la actividad pesquera sea sostenible en el tiempo, y eso lo hacemos con base en consideraciones científicas” a cargo del Ifop.

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Finalmente, el ministro indicó que, “en términos generales” y para dar respuesta al recurso judicial, “seguiremos tomando decisiones, en materia de pesca, cuidando la regulación y sobre todo el recurso”.