En el marco de los 51 años del Golpe de Estado en Chile, en Radio UdeC conversamos con el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos Bottai, para revisar los avances a nivel institucional y social en materia de Derechos Humanos en nuestro país.
En esa línea, Bustos considera “indispensable avanzar en educación de DDHH y fortalecer los sitios de memoria, para contribuir a la generación de una cultura respetuosa de los Derechos Humanos en Chile”.
A un año de que el gobierno de Gabriel Boric presentara una agenda legislativa para avanzar en el reconocimiento a las víctimas de la dictadura, fortaleciendo la memoria, “poco se ha concretado”, señala el director ejecutivo de Amnistía en Chile.
En esa agenda presentada se anunciaron seis medidas concretas, entre ellas, la Política Nacional de Memoria y Patrimonio, que tenía como objetivo “mejorar los mecanismos de financiamiento y mantención de los sitios de memoria”, lo que no se ha concretado, de hecho son varios los lugares de este tipo que han debido cerrar temporalmente sus puertas.
El 30 de agosto pasado, Boric comprometió el ingreso de indicaciones para levantar el secreto impuesto por ley a los documentos, testimonios y antecedentes del Informe sobre Prisión Política y Tortura, conocido como Informe Valech, para permitir el acceso por parte de los tribunales de justicia y el Plan Nacional de Búsqueda, y así reforzar las capacidades del Estado.
Incluso, el Mandatario anunció que antes del 11 de septiembre de este año se ingresarán indicaciones al proyecto de ley que tipifica el delito de desaparición forzada de personas y lo incorpora al Código Penal.
Sin embargo, Bustos señaló que esas indicaciones no han sido ingresadas.
En ese sentido, y considerando que la agenda del Gobierno en este tema no ha tenido avances concretos, Bustos sostuvo que el balance “es bastante sombrío y con muchos desafíos pendientes”, sobre todo teniendo en cuenta que en octubre próximo se cumplen 5 años del estallido social, época también marcada por las violaciones a los Derechos Humanos.
Por último, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile se refirió también a la polémica licitación por $98 millones adjudicada a Unholster para elaborar un anteproyecto de plataforma del Plan Nacional de Búsqueda. Cinco meses más tarde, el Ministerio de Justicia asignó directamente otros $619 millones a la misma empresa para desarrollar la plataforma.
Al respecto, Bustos sostuvo que como el tema está actualmente en Contraloría, lo más preocupante es la “falta de comunicación que han denunciado las agrupaciones de Detenidos Desaparecidos en cuanto a los pasos que se han dado en el marco del Plan Nacional de Búsqueda”.
Escucha aquí la entrevista completa:
