Este viernes hubo una nueva reunión en la Delegación Presidencial Regional para abordar la situación que tendrán que afrontar las y los trabajadores de Huachipato tras el anuncio del cierre indefinido de las operaciones de la compañía siderúrgica.
En esta ocasión participaron parlamentarios y parlamentarias de la región, además del gobernador regional Rodrigo Díaz, quienes plantearon su preocupación e intenciones de seguir trabajando para apoyar a las personas contratadas por Huachipato, a las que dependen de contratistas y también a pymes proveedoras de la compañía.
Tras la cita, la delegada presidencial Daniela Dresdner explicó que “existe una gran preocupación” por el estado en que quedarían las y los trabajadores y también por el desarrollo económico de la región, considerando que esta situación agravará los indicadores de cesantía.
“Tenemos que instalar mecanismos legales que nos permitan, desde el Estado, algún tipo de intervención en empresas estratégicas” como el acero, explicó Dresdner.
En cuanto a la decisión del grupo CAP, la delegada reiteró sus dichos sobre la “deslealtad” de la empresa, sobre todo tras el trabajo de meses que involucró a diferentes poderes del Estado.
Por su parte, el gobernador regional, Rodrigo Díaz, cuestionó que la empresa se mantuviera en permanente contacto con autoridades regionales y nacionales cuando se necesitaba implementar las salvaguardias y, sin embargo, ahora que se anunció el cierre, esta decisión no fue socializada.
Además, Díaz comentó que la medida ha sido muy positiva para los accionistas del grupo, considerando el alza del precio de las acciones tras informar la decisión de cierre, pero muy negativa para la gente del Biobío y los trabajadores.
Declaraciones de parlamentarios
El diputado Félix González (PEV) señaló que solicitaron una reunión con el Presidente Boric y una sesión especial en el Congreso para que el Gobierno, “así como ayudó a implementar las salvaguardias, ayude a que los trabajadores y trabajadoras tengan una salida digna, sobre todo aquellos cercanos a la edad de jubilación”.
A su vez, la diputada María Candelaria Acevedo (PC) indicó que ya ingresó una solicitud de reforma constitucional para que el Estado, a través Corfo y en una figura similar a lo que ocurre con el litio, pueda tener participar en la industria del acero, particularmente en Huachipato.
La diputada Francesca Muñoz (PSC), declaró que esperan configurar una mesa de trabajo para abordar en profundidad otros temas relacionados, además de la mesa que revisará la transición justa de las y los trabajadores, como el mismo dumping chino, la certificación del acero importado o la industria estratégica del acero en Chile.
Asimismo, la diputada Karen Medina (Ind. ex PDG) señaló que “todas las fuerzas políticas están con Biobío y se sumarán a las gestiones que inicie el Gobierno”. Además, en cuanto a la participación de Corfo en la industria del acero, señaló que hay que cuidar que “esto no sea solo una carga para el Estado”.
De igual modo, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) sostuvo que Huachipato “debe hacerse cargo y cumplir con todos sus trabajadores”.
En tanto, el diputado Roberto Arroyo (PSC) cuestionó la medida de la Comisión Antidistorsiones, señalando que el Gobierno abordó el problema de Huachipato por los efectos sociales que traería el cierre de la planta, sin embargo, recordó que en la misma Comisión primó un aspecto político más que técnico.
En representación de las y los trabajadores, también participaron los presidentes de los Sindicatos 1 y 2, Héctor Medina y Fernando Orellana respectivamente, quienes valoraron la instancia de diálogo con las y los parlamentarios regionales y señalaron que seguirán de cerca las discusiones entre el Parlamento, el Gobierno y la propia empresa.
Además, en Nuestra Pauta conversamos con el senador Gastón Saavedra (PS), quien lamentó la situación y adelantó parte de las gestiones que buscarán realizar en el Congreso. Escucha aquí la entrevista:
