Durante 2023, en medio del destape del llamado Caso Convenios o Caso Fundaciones, se constituyó la Comisión Asesora Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado, a fin de identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en esta colaboración y posteriormente plantear 46 recomendaciones para fortalecer la probidad, transparencia y eficacia.

El Ejecutivo recogió el guante y, a través de la Comisión para la Integridad Pública y Transparencia, anunció la presentación de una serie de medidas a corto plazo en esa dirección.

Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, indicó que a nivel global, el avance de esta agenda es del 35%. No obstante, recalcó que “no se trata de una labor sólo del Gobierno, es de todas las instituciones y poderes del estado”.

“Hay una responsabilidad del Congreso de hacer avanzar los proyectos de ley y también del Poder Judicial, de poder enjuiciar efectivamente los delitos de corrupción que vimos durante el año pasado y que hoy día estamos viendo, pero en otro tipo de casos”, recalcó.

Pensando en el largo plazo, a fines del año pasado se presentó la Estrategia Nacional de Integridad Pública, que busca elevar los estándares de transparencia y combatir la corrupción.

El desafío de fondo, profundizó Figueroa, tiene relación más que con el funcionamiento de fundaciones u ONGs, “con personas que se han aprovechado de sacar recursos del estado para destinarlos a instituciones que parecen ser nobles en su mayoría, pero que algunos han encontrado la oportunidad de extraer los dineros fiscales desde ahí o usarlos para fines electorales”.

En este sentido, el administrador público formado en la UdeC indicó que para prevenir este tipo de situaciones, “también tenemos que ser un poco más creativos en establecer medidas y barreras”.

“Aprovecharse del espacio de poder que hemos conferido”

Michel Figueroa fue particularmente crítico con la falta de medidas concretas por parte del poder político y el efecto de estos casos en la percepción ciudadana.

“Acá no son importantes las señales, sino las acciones que tomamos en concreto (…) lo que le mostramos de la política a las personas es que lo único que están haciendo con el poder que le hemos conferido a través de las elecciones es beneficiarse a ellos mismos y no solucionar los problemas que tenemos en el día a día”, aseveró.

Las investigaciones en gobiernos regionales en todo el país, la reciente solicitud de formalización del alcalde Daniel Jadue, el levantamiento del secreto bancario de la alcaldesa Daniela Peñaloza, el Caso Hermosilla o la situación de los ex alcaldes Kathy Barriga y Raúl Torrealba son, a juicio del director ejecutivo de Chile Transparente, ejemplos que ratifican que “la corrupción no reconoce fronteras ideológicas, no tiene que ver con el color partidario que sigue la persona o con una cuestión de sexo. Tiene que ver con la intención de aprovecharse del espacio de poder que le hemos conferido para obtener un beneficio particular y no promover el bien común”.

En un año que estará marcado por la elección de gobernadores regionales, cores, alcaldes y concejales, Figueroa planteó necesario preguntarse “cómo filtramos esta información, porque muchas veces las intenciones de actores que denuncian casos de corrupción no es la mera justicia o que las cosas se hagan bien, sino obtener un provecho electoral”.

Asimismo, sostuvo que es fundamental informar al electorado, “para que vote no sólo en base a programas, también en valores, en la forma en la que se quieren lograr esos cambios. Ahí se hace la diferencia entre candidatos que creen en los valores de la integridad, la probidad y la transparencia, a quienes solamente quieren ocupar esto como un discurso para llegar al cargo público que están disputando”.

Finalmente, sostuvo que esto debe ir acompañado de un cambio cultural. “Hemos crecido todos con la visión de que el que acusa al que está cometiendo una irregularidad, es casi una mala persona (..) Hay que partir desde la formación en los colegios a valorar a quien sigue las reglas y quien denuncia al que las está incumpliendo. El problema es que esa es una tarea muy a largo plazo, donde muchas veces nos cuenta ver los resultados. Hay que comenzar hoy a mostrar los incentivos necesarios para quienes denuncien”, concluyó.

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