Este martes, el Gobierno presentó una nueva herramienta de lucha contra el crimen organizado. Se trata del Tercer Plan de Acción de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
En la presentación de este plan de acción, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, señaló que en el combate al crimen es esencial trabajar de forma coordinada, sofisticada y colaborativa.
En ese sentido, Tohá destacó que esta iniciativa se inserta en la nueva Ley de Crimen Organizado, como una “bajada específica y más detallada”.
La ministra además destacó que el país tiene la tarea de contar con un “Estado preparado para enfrentar estos desafíos”, enfatizando que es preciso que todas las instituciones pongan sus competencias al servicio de un propósito mayor, que es “otorgar seguridad a la población”.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que el Estado cuenta, al menos, con tres elementos que le permiten enfrentar este tipo de ilícitos: la planificación, el acceso a la información y la coordinación entre instituciones nacionales e internacionales.
Además, indicó que históricamente el Ministerio de Hacienda no ha tenido “una vocación ligada a la prevención o lucha contra el delito o el lavado de activos” y si bien cuentan con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) hace 20 años, este tipo de acciones quedaba siempre limitadas a esta oficina.
En esa misma línea, el ministro se refirió a dos iniciativas legales que buscan complementar este rol del Ministerio de Hacienda. Una de ellas es la ley sobre inteligencia económica contra el crimen organizado, ingresado en mayo de 2023 al Congreso y que comenzará su discusión, recién, la próxima semana en la Comisión de Seguridad del Senado.
La segunda iniciativa legal que abordó el ministro fue aquella que crea un registro de “personas beneficiarias finales”, un proyecto que establece “la obligación para las personas jurídicas de entregar información de las personas naturales que controlan las instituciones”.
El documento, elaborado por 29 instituciones públicas, en el marco de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT), permitirá al país enfrentar los mencionados actos ilícitos por medio de 55 compromisos que se desarrollarán en los próximos cuatro años, a través de 7 líneas de trabajo: actualización legislativa, fortalecimiento de la persecución penal, identificación y evaluación de riesgos, supervisión y regulación interinstitucional coordinada, intercambio de información financiera, capacitación y cooperación nacional/internacional.
