Frente a unos 300 invitados pertenecientes a los tres poderes del Estado, el Consejo Constitucional llevará a cabo este martes su última sesión, instancia en la que entregará al presidente de la República el proyecto de nueva Constitución elaborado durante más de ocho meses de trabajo.

Como era de esperarse, el Partido Republicano respaldará de manera cerrada la opción «a favor» de la propuesta, relevando con ello las posibilidades de reducir la cantidad de parlamentarios en ejercicio, de combatir la delincuencia, de proteger las fronteras y la propiedad individual de los ahorros previsionales, entre otras temáticas identitarias. Es la opción que adoptará el diputado Cristóbal Urruticoechea, uno de los cupos por el distrito 21 de la región del Biobío.

De la misma manera, el senador por la décima circunscripción, Enrique van Rysselberghe (UDI), afirmó que el Consejo Constitucional logró producir «un buen texto» para el país, capaz de entregar «estabilidad» y «seguridad» luego de cuatro años de incertidumbre para la «economía, la inversión pública y privada (…) y el alicaído empleo». 

En contra

Desde la vereda contraria, el senador por la Región del Biobío, Gastón Saavedra (PS), aseguró que votará en contra de una propuesta que, a su parecer, «no unirá a los chilenos» y, mucho menos, cumplirá con «la promesa» de recoger las demandas pendientes. Ejemplo de lo anterior sería la reducción del Estado social de derecho a «una mera declaración» y la constitucionalización de «las AFP y las isapres».

Asimismo, el también parlamentario por la décima circunscripción cuestionó que los consejeros hayan concedido una exención en el pago de contribuciones para «las viviendas más caras del país», dado que ello podría profundizar las desigualdades en el plano territorial.

De manera similar, la diputada Clara Sagardía (ind-CS) enfatizó en que la adopción del proyecto constitucional implicaría un retroceso para Chile, sobre todo, porque no permite vislumbrar avances para los «derechos sociales», el «crecimiento económico» y la protección del medio ambiente. Por el contrario, la parlamentaria aseveró que el texto solo favorecerá la «especulación» de los grandes capitales.

Más lejos fue la diputada por el distrito 20, María Candelaria Acevedo (PC), quien acusó un intento por proteger «a los violadores de derechos humanos» y, a la vez, atentar contra «los trabajadores», «los pueblos originarios», «las mujeres», «el servicio público» y los sistemas de educación, salud y previsión social.

En tanto, el diputado Félix González (PEV) centró sus críticas en el origen del proceso, particularmente, por la manera en que los partidos políticos firmantes «repartieron» los cupos relativos a la Comisión Experta y terminaron por designar solo a representantes «de su confianza». En suma, el parlamentario cuestionó el sistema por circunscripciones utilizado durante las elecciones de consejeros constitucionales, dado que solo habría favorecido a «las dos fuerzas políticas más grandes», en desmedro de las posturas «emergentes» y «alternativas».

En cuanto al texto, el ecologista recalcó que este solo sería «del gusto del Partido Republicano», por lo que, a su parecer, la «única opción» que quedaría sería «rechazar» y encomendar el debate por una nueva Carta Magna al próximo Congreso, cuya composición derivará de las elecciones parlamentarias de 2025.

Las críticas al carácter «partisano» de la propuesta fueron replicadas por el diputado democratacristiano, Eric Aedo, quien recordó que, de triunfar la opción «en contra» el próximo 17 de diciembre, el pueblo chileno «habrá dicho en dos oportunidades que no a malos textos». 

De ser ese el resultado, el representante por el distrito 20 llamó a «terminar» con «los cambios constitucionales» y a centrar las energías del país en combatir la inseguridad y recuperar «el crecimiento y desarrollo económico».

En reflexión

Entre los parlamentarios que aún no han definido su postura se encuentra la diputada Marlene Pérez (ind-UDI), quien aseguró estar «revisando» los contenidos del texto para así tomar una decisión a conciencia frente al plebiscito. De todas formas, la parlamentaria gremialista adelantó que «sea cual sea el resultado», será responsabilidad del Congreso tramitar las reformas que, en definitiva, cambiarán «la vida de las personas».

De manera análoga, la diputada por el Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz, se encontraría a la espera de la votación que, este martes, llevará a cabo la directiva de su colectividad para fijar una postura oficial.

Independientemente de ese resultado, su compañera de partido, Sara Concha, advirtió que todos los militantes gozarán de «libertad de acción» este 17 de diciembre.

Cabe destacar que, a nivel nacional, aún se espera a las definiciones que adoptarán los expresidentes Eduardo Frei y Michelle Bachelet, luego de que el expresidente Ricardo Lagos anunciara su voto en contra.