En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Gobierno presentó su Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia, centrado en esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las, al menos, 3 mil 200 víctimas de la sistemática represión efectuada por agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar. Dentro de los ejes de la estrategia, se estipula la participación de las y los familiares en las indagatorias, junto con la implementación de medidas reparatorias y garantías de no repetición.
El lanzamiento contó con la presencia de ministros y representantes de la academia y de las agrupaciones de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
A nombre de esta última entidad, su presidenta, Gaby Rivera, manifestó que esta es «la última oportunidad» para las familias para encontrar «algo de verdad y de justicia», luego de 50 años sin respuestas por parte del Estado y, mucho menos, una estrategia de búsqueda.
En ese marco, Rivera apuntó que la conmemoración «no debe sustentarse en acciones simbólicas», sino que en un «compromiso político claro, que nos permita avanzar y dar garantías reales».
En tanto, la presidenta de la AFEP, Alicia Lira, afirmó que el plan comienza con «cariño» y «esperanza», pero también con «exigencias» y algunos de los «dolores» que han dejado estos 50 años de búsqueda.
Cambio de paradigma
Posteriormente, el presidente Boric tomó la palabra para destacar que el Plan Nacional de Búsqueda será una «política pública permanente» y una «herramienta institucional contra el olvido» que asumirá el «compromiso ético» de disponer «los recursos que sean necesarios para continuar» con los procesos de indagación.
Para dar cumplimiento a sus objetivos, fueron trazadas 8 metas, 23 acciones y 46 actividades, a las que se suman acciones de colaboración con las investigaciones judiciales, de establecimiento de responsabilidades penales y de configuración de la memoria en conformidad «con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales».
Dentro de ese ámbito, el Gobierno consideró también necesario hacer un nuevo esfuerzo para implementar un registro más preciso respecto de la cantidad de personas que fueron víctimas directas de la represión entre 1973 y 1990.
Respecto de este «cambio de paradigma», el mandatario reconoció que surge del hecho de que «la justicia ha tardado demasiado» en la entrega de las respuestas «que el país merece y necesita».
Para avanzar como país, el presidente Boric aseguró que no solo será necesario acordar que «nunca más» se volverán a «violar los derechos humanos de otra persona por pensar distinto»; sino que también se requerirá «subsanar ausencias» como las de los presidentes de los partidos de la oposición, quienes no asistieron a la ceremonia a pesar de, supuestamente, haber sido invitados.
Cabe destacar que la preparación del Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia fue trabajado durante un año y, entre acuerdos y desavenencias, fue validado por las agrupaciones de familiares de víctimas de detenidos desaparecidos; representantes de la academia, de los sitios de memoria y centros de estudio; y otros actores relevantes de la sociedad civil.
