Tras semanas de cuestionamientos, remoción de funcionarios e investigaciones administrativas y judiciales en curso producto del Caso Convenios, el Gobierno Regional del Biobío busca dar inicio a una «nueva etapa» de gestión, marcada por la implementación de una serie de inciativas destinadas a aumentar los estándares de transparencia y probidad.
La contratación de una auditoría internacional, el aumento en la exigencia de garantías asociadas a la entrega de recursos, la incorporación del ex contralor Manuel Cerda, el trabajo junto a la abogada Ximena Sepúlveda para contar con nuevas reglas de compliance y la decisión de que todas las iniciativas de inversión sean votadas en el Consejo Regional son algunas de estas medidas.
El gobernador Rodrigo Díaz sostuvo que «no descansamos sólo en lo que la Contraloría o el Ministerio Público hagan, nosotros tenemos una obligación de mejora continua».
En la última sesión ordinaria del Core, efectuada el pasado miércoles, entregó más detalles acerca del cumplimiento de otro de estos compromisos, el proceso de selección, a cargo del Servicio Civil, de la persona que estará a cargo de la Unidad de Control del Gobierno Regional, cuyo nombre será dado a conocer durante los próximos días.
Díaz reflexionó acerca de las complejas semanas vividas en el Biobío a propósito del Caso Convenios y sus aristas locales, señalando que «mi responsabilidad es política y por eso es que he tomado decisiones bien fuertes».
Respecto de las responsabilidades administrativas y la posibilidad de que un grupo de consejeros regionales soliciten al Tribunal Electoral su destitución, planteó que «es parte de aquello establecido como reglas del juego en un estado democrático», pero cuestionó la «unión» entre los cinco cores que se han manifestado públicamente en contra de su gestión.
«Lo que observo del resto es un esfuerzo sincero por mejorar los estándares que tenemos», afirmó.
Díaz criticó además las «prácticas deleznables» y la «cultura de la funa» en el marco de la cobertura mediática de este caso, afirmando que «cuando una persona se para al frente del edificio nuestro y señala a ‘esta gentuza del Biobío’ me parece una falta de respeto enorme».
En este sentido, indicó que se han generado instancias de apoyo a las funcionarias y funcionarios del Gore.
Presupuesto 2024 y descentralización
En el marco del debate público en torno a los traspasos de recursos a cuestionadas fundaciones y corporaciones, se ha levantado la inquietud acerca de los efectos que esto podría traer para el presupuesto de las regiones de cara al próximo año y en el avance del proceso de descentralización.
Sobre este punto, la autoridad política regional desdramatizó la situación y planteó que «nos van a dar menos de lo que necesitamos, desafiándonos a través de metas para que podamos llegar a ese máximo hacia fin de año y nos van a poner más restricciones».
La «capacidad de gestión», puntualizó, es el aspecto fundamental que permitió, por ejemplo, a la Región del Biobío avanzar de $104 mil a $122 mil millones durante el ejercicio presupuestario de este año.
No obstante, reconoció que «hay gente que no cree en la descentralización y que están jugando su juego. El problema es que nosotros vivimos en las regiones y sabemos que las cosas no llegan a tiempo (…) Lo que nos pasa con el centralismo es que hace muchas cosas bien, pero respecto de la vida de las personas que vivimos en las regiones, hace muchas cosas mal».
En este sentido, valoró la decisión del gobierno central de entregar transferencias directas a los damnificados del último sistema frontal, ya que «las casas que se destruyen en las zonas rurales no fueron construidas por el Ministerio de Vivienda, las mediaguas no llegaron a tiempo y las que llegaron eran malas y las casas definitivas que iban a construir para los que se quemaron en febrero todavía no parten».
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