En el marco de la investigación por la arista que involucra al Gobierno Regional del Biobío en el Caso Convenios, personal de la Policía de Investigaciones allanó el domicilio del ex administrador regional Rodrigo Martínez, quien terminó detenido, ya que durante el procedimiento se encontró marihuana.
Tras el control de detención efectuado en el Juzgado de Garantía de Chiguayante por infracción a la Ley N°20.000, Martínez quedó en libertad.
Desde el Gobierno Regional del Biobío, a través de una declaración pública, se informó que «hemos tenido conocimiento de los procedimientos rutinarios realizados en el marco de la investigación por el llamado Caso Convenios. Reiteramos nuestro compromiso total con la transparencia y colaboración en cada una de las etapas de este proceso investigativo».
En el marco de los cuestionamientos al Gore Biobío, además, en el programa «Contigo en la mañana» de Chilevisión se presentaron nuevos antecedentes del contrato suscrito entre Desarrolla Biobío, corporación presidida por el gobernador Díaz, y la agencia Giro Estratégico, donde su hermana cumple funciones como asesora comunicacional, un tema llevado a la justicia por el diputado Leonidas Romero.
Polizzi pide respeto y mantiene acusación de amenazas
Este mediodía, por primera vez desde que estallara el caso, Camila Polizzi, la principal apuntada, declaró públicamente. La ex candidata a alcaldesa y a diputada se dirigió a la prensa apostada fuera del edificio donde estaría residiendo, en el centro penquista, para solicitar «respeto y que dejen de molestar a mi familia». Asimismo, aseguró estar «disponible y ubicable».
Tal como lo denunció ante Fiscalía, la polémica figura política reiteró ser víctima de amenazas. «Voy a contar mi versión, pero no lo voy a hacer ahora. No puedo hablar ahora, tengo amenazas. Por favor, un poco de respeto», señaló.
En paralelo, según información publicada por Radio Cooperativa, Polizzi presentó una querella por estafa, apropiación indebida y falsificación de instrumentos mercantiles en contra de Sebastián Polanco, los representantes de la OTEC Frumisal y contra quienes resulten responsables del mal uso de los fondos entregados por el Gobierno Regional a la Fundación En Ti para la ejecución de un proyecto social en Barrio Norte.
Polanco, quien habría sido pareja de Polizzi, es descrito en la querella como «un amigo con el que siempre trabajé en mis campañas electorales. Teníamos una relación estrecha y de mucha confianza».
Parlamentarios regionales sacan la voz
Las últimas informaciones conocidas en torno al Gobierno Regional mantienen en alerta a los representantes del Biobío en el Congreso.
El diputado ecologista Félix González planteó que «no hay una calibración del daño que se le está haciendo a los dineros públicos, a la imagen también del Gobierno Regional y, en definitiva, un gobernador que trata de desligarse diciendo que él no sabía, que él no tenía información, que se entera recién ahora de lo que sus funcionarios tenían conocimiento en el mes de abril».
González, ex consejero regional, llamó a los actuales cores a «tener la valentía suficiente» y recordó que se necesitan diez consejeros o consejeras para presentar una acusación al Tribunal Electoral Regional por notable abandono de deberes en contra del gobernador Díaz, lo que podría terminar en la destitución de la autoridad política.
Su par Eric Aedo (DC), calificó lo ocurrido como una «picantería» y sostuvo que estos hechos «le hacen un daño enorme a la Región del Biobío y al proceso de descentralización (…) Somos el hazmerreir en Chile gracias a una gestión que simplemente se han enfocado en entregar dinero para obtener apoyo político».
En tanto, la diputada Marlene Pérez, llamó al Ministerio Público a actuar con «sentido de urgencia» y acusó que «se le está dando tiempo a los involucrados para que guarden las evidencias».
Acuña lamenta «acusaciones infundadas y malintencionadas»
Esta mañana, y también por medio de una declaración pública, reapareció Simón Acuña, el ex jefe de la División de Desarrollo Social y Humano del Gore Biobío. El profesional señaló que «en mi rol nunca tuve la autoridad para evaluar programas ni para asignar recursos, dichas atribuciones y tal como ocurre en todos los gobiernos regionales del país, recaen en otros estamentos del servicio».
«Durante el año y medio en que se me confirió la responsabilidad de este cargo», agregó, «actué con probidad y diligencia impulsando no sólo una serie de proyectos que impactaron positivamente en la vida de miles de personas en la región del Biobío sino que alertando oportunamente a quien correspondía cada situación que pudiera afectar la probidad del Gobierno Regional, lo que motivó acciones concretas, sumarios y auditorías, tal como lo expresa la ley».
En el texto, el profesional indicó también que «lamentablemente, y pese a tener todos los antecedentes que desmentían una serie de acusaciones infundadas y malintencionadas, se optó por involucrarme en un contexto de malas prácticas como las que hemos conocido en las últimas semanas en diversos puntos del país, calificando mi labor de manera tendenciosa».
Al cierre, planteó que «he dado un paso al costado con la convicción de que mis acciones y trayectoria hablan por mí».
