El administrador regional Rodrigo Martínez, fue el encargado de presentar ante el Core Biobío las quince medidas pro transparencia, control y probidad impulsadas por el Gobierno Regional en el contexto del llamado Caso Convenios.

Las medidas fueron expuestas ante la Comisión de Ética del Core y se dividen en tres ejes. En primer lugar, entre las medidas de carácter general y de impacto inmediato en la gestión del Gobierno Regional, están la creación de la Unidad de Análisis, Control y Fiscalización de Programas Glosas Comunes, el fortalecimiento y capacitación permanente a contrapartes técnicas y financieras y la realización, ya aprobada, de una auditoría general 2021–2023 a todos los programas financiados por el Gobierno Regional, sean o no de adjudicación directa.

Con los resultados de dicha auditoría se tomarán decisiones como la presentación de requerimientos de restitución de fondos ocupados en un fin distinto al programa o el cierre anticipado de iniciativas en caso de constatarse mal uso de los recursos.

En este mismo marco, se solicitará a la Dirección de Presupuestos (Dipres) que, con carga a los recursos para 2024, se autorice a ejecutar programas para disminuir la externalización de tareas y que se fortalezcan los equipos de auditoría, control y supervisión de iniciativas encargadas a terceras partes.

Como parte del segundo eje, asociado a elevar estándares de evaluación, control, seguimiento y transparencia, se propone implementar un sistema de integridad en la gestión del Gobierno Regional, que incluye un nuevo estándar de compliance con medidas como el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y un protocolo de prevención de delitos y la exigencia de declaración de intereses de los evaluadores y contrapartes técnicas y financieras. En este sentido, los potenciales conflictos de interés se cautelarán hasta el tercer grado de consanguineidad para funcionarios del Gobierno Regional, acreditándose la no participación de los funcionarios del Gore en ninguna gestión relativa a la iniciativa o su no aceptación.

También se plantea la actualización de los manuales e instructivos internos para la postulación a los programas para las contrapartes técnicas y para las contrapartes financieras, los cuales serán sometidos a aprobación del Consejo Regional, órgano que además deberá votar la aprobación de todos los programas.

Se realizarán las gestiones con Contraloría para que desde 2024 todos los programas sean rendidos de forma simultánea y en línea con el Gobierno Regional del Biobío y la misma Contraloría.

Asimismo, se optimizará el acceso a la plataforma SAGIR y a la próxima plataforma informática que se instalará, siempre con apego a los requerimientos legales de confidencialidad y se buscará contar con la asesoría externa de un ex Contralor para supervigilar los procesos de auditoría y control.

En cuanto al tercer eje, referido a elevar estándares de aseguramiento de la calidad de las instituciones privadas que postulen a financiamiento del FNDR, se propone crear un registro de acreditación de instituciones privadas de la sociedad civil (fundaciones, corporaciones y ONG) que verifique ex ante las condiciones jurídicas, administrativas, técnicas y financieras.

Las instituciones que postulen a las distintas vías de financiamiento del Gobierno Regional del Biobío deberán dar garantías de ser los titulares de los proyectos, evitándose la figura de intermediación.

De ser estrictamente necesario, la subcontratación dentro de las iniciativas deberá ser bajo las siguientes condiciones: justificación (competencias específicas requeridas para determinado producto y con las cuales no cuenta la entidad); presentación de, al menos, tres alternativas de subcontratación; evaluación según criterios establecidos; y el gasto en subcontratación deberá corresponder a un porcentaje presupuestario no superior a un valor previamente indicado.

En el proceso de postulación, la institución deberá acreditar una demostrable capacidad de ejecución tanto administrativa como financiera.

En paralelo, se exigirá a las entidades ejecutoras de proyectos que, en cada iniciativa, se contemple la contratación de un administrativo contable, y se aplicará un rango de remuneraciones a los profesionales que trabajen en iniciativas, para lo cual se construirán estamentos.

Recuperar las confianzas

Junto con señalar que “no estamos disponibles para tolerar ninguna malversación de los recursos del Gobierno Regional”, Rodrigo Martínez destacó que “no vamos a esperar modificaciones legales ni la próxima ley de presupuesto, sino que vamos a empezar a implementar desde ya la ejecución de estas medidas, de modo que adelantarnos y dar confianza a la ciudadanía de que los recursos regionales están siendo bien ejecutados”.

Además, adelantó que en los próximos días, en la página web del Gore Biobío, estará disponible toda la información respecto de los convenios suscritos con organizaciones privadas. “Porque no tenemos nada que ocultar, vamos a transparentar toda la información”, aseveró.

La consejera regional Teresa Stark (IND), presidenta de la Comisión de Ética del Core, indicó que varias de estas medidas ya están en marcha y reconoció “la buena voluntad de ir solucionando temas”.

Su par de la Comisión de Presupuesto, Andrés Parra (PS), destacó el acuerdo logrado para “instalar a la brevedad una auditoría respecto a los programas desde julio del 2021 a la fecha”, así como la revisión de todas las iniciativas, incluso de aquellas que no requieren la revisión del Consejo Regional por la baja cuantía de los montos involucrados.

El consejero Parra relevó además la urgencia “de que la inversión pública no se detenga”, señalando que los integrantes del Core serán “implacables” en “clarificar y transparentar todo y que no haya ninguna duda de que lo que se hace con los recursos públicos es lo que la región necesita”.

Para el presidente de la Comisión de Ciencia, James Argo (UDI), “la auditoría externa nos permite darle tranquilidad a la ciudadanía y también a nosotros como consejeros respecto de lo que se está haciendo”. Además, planteó que es necesario avanzar en la entrega de facultades al Gore para ejecutar iniciativas de manera directa.

Finalmente, el consejero Rodrigo Vera (IND), presidente de la Comisión de Fomento, insistió en que “tenemos un rol central, que es la fiscalización, y seguiremos desempeñando esta tarea (…) Por cada iniciativa, por cada proyecto, solo se persigue un fin, que es mejorar la calidad de vida de las personas”.

Presentación de acciones judiciales

Este domingo, el gobernador Rodrigo Díaz anunció la presentación de una querella por el eventual mal uso de recursos públicos en el proyecto ejecutado por la fundación En Ti, que se encuentra actualmente sometido a investigación y que involucra a la ex candidata a alcaldesa de Concepción Camila Polizzi.

Junto con manifestar que «voy a hacer todo lo que esté a mi alcance porque cada una de las situaciones sean esclarecidas», la máxima autoridad del Biobío reiteró que el Gobierno Regional no ha recibido ninguna rendición por vestuario o similares.