Con la presencia del titular del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes (PS), fueron abordados en la comisión de Vivienda del Senado los antecedentes relativos al polémico Caso Convenios, bajo el que la Fiscalía investiga posibles delitos de corrupción en al menos cuatro regiones del país. Al respecto, el ministro enfatizó en que todos los gastos hoy cuestionados fueron «programados» por el Gobierno anterior, a la vez que aseguró que su cartera ya se encuentra investigando el origen del mecanismo que hizo posibles los diferentes traspasos.

La sesión comenzó con la intervención del presidente de la citada comisión, Fidel Espinoza (PS), quien solicitó oficiar «a los 345 municipios del país» para que transparenten sus vínculos con las distintas ONGs. Lo anterior, luego de que se diera a conocer una resolución de la municipalidad de Santiago que autorizaba el traspaso de $121 millones 922 mil a la fundación Urbanismo Social, para la ejecución del hoy desestimado proyecto «Diseño de arquitectura y especialidades rehabilitación inmueble Av. Diego Portales 2717-1725».

Dicha idea fue secundada por el senador David Sandoval (UDI), quien apuntó a extender la medida también a «los gobiernos regionales», luego de que la máxima autoridad de Aysén, Andrea Macías, propusiera revocar un acuerdo por $1.673 millones con la fundación Procultura.

En suma, la senadora Claudia Pascual (PC) instó a ampliar a cinco años la revisión de los antecedentes y a aplicarla «a todas las fundaciones», para así determinar si se trata de un «mecanismo recurrente» dentro del país.

Fundaciones y el rol del Gobierno

Ante los cuestionamientos, el ministro Montes inició su ponencia abordando algunos de los antecedentes generales respecto de la distribución de los fondos del Minvu. Por ello, indicó, en primer lugar, que en 2015 fue establecida la norma que delegó a las secretarías regionales ministeriales la facultad de suscribir directamente programas y convenios, lo que posibilitó, a la vez, que el cuestionado mecanismo comenzara a operar durante 2019.

Asimismo, el secretario de Estado detalló que, a la fecha, un 70% de los recursos destinados a disminuir el déficit habitacional han sido transferidos a los municipios y al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), mientras que el 30% restante ha recaído en las distintas fundaciones del país. Los recursos extendidos a este tipo de entidades entre 2019 y 2023 sumarían $23 mil 382 millones, y sus principales beneficiarios serían el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), TECHO Chile, la ONG Enlace Urbano y las fundaciones En Red y Urbanismo Social.

En cuanto a su eventual responsabilidad y la del Ejecutivo ante el escándalo, el titular del Minvu enfatizó en que «todos los gastos que hoy están en cuestión», relativos al año 2022, fueron programados «por el Gobierno anterior».

En ese sentido, Montes aseguró que la actual administración solo generó delegaciones a partir «del 1 de enero de 2023», las que se tradujeron en dos proyectos relacionados con el campamento transitorio Violeta Parra y el traslado de las familias hacia la comuna de Lo Espejo.

Incluso, el ministro afirmó que en 2022 el Gobierno hizo ajustes a los programas adjudicados por la hoy cuestionada fundación Democracia Viva, los que resultaron en una reducción de $130 millones en los fondos asignados.

Indagatorias abiertas

Respecto de las acciones internas efectuadas por el Minvu ante las denuncias, el secretario de Estado sostuvo que la institución se encuentra investigando tanto el origen de las facultades que posibilitaron la suscripción de los diferentes convenios como los motivos por los que fueron detenidos los procesos licitatorios y eliminadas las exigencias de garantías. De momento, detalló, la principal conclusión apunta a que fue aplicada a las seremis la norma que en ese entonces «había para los municipios».

Sobre la situación del seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Maule, Rodrigo Hernández (exRD), el ministro Montes aseguró que existen «antecedentes discutibles» e «inconsistencias» entre la fecha en la que el secretario regional se inhabilitó y en la que fueron suscritos los convenios, por lo que ya habría sido instruida una «investigación sumaria», cuyo resultado será informado luego de cinco o seis días.